martes, 29 de enero de 2008

Cuestionan participación de Premier Del Castillo en litigio privado con minera Doe Run






Ver en: http://www.gatoencerrado.net/store/noticias/45/45956/detalle.htm

El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, acudirá el jueves 10 al Congreso de la República, citado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ecología y Ambiente y el Grupo de congresistas de Junín, a fin de responder acerca de la carta que él envío a las autoridades de EE.UU. para trasladar al Perú la denuncia a la Doe Run Resources Corporation en San Luis, Missouri. Denuncia interpuesta por abogados norteamericanos por daños a la salud de 137 niños de La Oroya.

“Estamos convocando al Primer ministro para que nos dé cuenta de por qué favoreció a una empresa en menoscabo de la salud de los niños”, remarcó la congresista Gloria Ramos, presidenta de dicha comisión.

Ramos agregó que su comisión pretende que Del Castillo se rectifique a favor de los niños y la población de La Oroya, y que la empresa norteamericana sea enjuiciada en los EE.UU. porque no hay credibilidad en la justicia peruana. “Escucharemos al Primer ministro, y le pediremos que retire esa carta para que el juicio siga su curso, y que él asuma su rol político, que no implica abogar por una empresa. Asimismo, buscamos que el Estado asuma una política ambiental adecuada, y se ponga del lado de la población. Si la empresa está fallando, debe ser sancionada”, explicó.

Por su parte, la congresista Martha Acosta, coordinadora del Grupo de congresistas de Junín, quien planteó inicialmente que se realice esta reunión, expresó que se ha solicitado la presencia del ministro para tomar una decisión política. Su asesor, Rigoberto Coico, agregó que le preguntarán al Premier porqué actuó como abogado de la empresa minera. “Siendo un proceso judicial, no tenemos porqué intervenir, pero viendo la actitud de Del Castillo, ahí sí nos preocupa”, opinó.

De otro lado, Pablo Vásquez, asesor del congresista Juvenal Ordóñez, quien ha pedido la renuncia de Del Castillo por su intervención, indicó que no es política de su congresista estar contra la minería, sino contra la minería contaminante. “El caso de La Oroya es especial por la grave contaminación. El congresista Ordóñez entiende que el actual gobierno no maneja este tema de manera adecuada”, aclaró. Sobre la petición de renuncia del Premier, indicó que el congresista no cambiará su posición, que es la del Partido Nacionalista.

Publicado el Miércoles, 9 de Enero del 2008












miércoles, 16 de enero de 2008

Empresa que trabaja para Doe Run pidió intervenir al premier

Miercoles, 16 de Enero 2008

En juicio que se le sigue a compañía en Missouri. Compañía Consultandes asesora a empresa metalúrgica y a varias mineras extranjeras.

Por Milagros Salazar.
Foto: Roberto Cáceres.

El estadounidense John Youle no encabeza cualquier empresa. El referido consultor, que según el premier Jorge del Castillo fue quien le solicitó que interviniera en el juicio que se le sigue a Doe Run Resources Corporation en Missouri, es gerente general de Consultandes, compañía de comunicaciones que trabaja nada menos que para Doe Run Perú, la operadora de la planta metalúrgica de La Oroya.

"Sí tenemos una relación con Consultandes. Se le hace consultas en ciertos temas", confirmó a La República el gerente de relaciones públicas de Doe Run, Víctor Andrés Ponce.

Este diario pudo conocer que Consultandes fue la que dirigió toda la campaña política de Doe Run para solicitar al gobierno en 2005 la ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que fue criticada por organizaciones ambientalistas.

La empresa de Youle también confirmó que asesora en estrategias de comunicaciones a Doe Run Perú, socia de la demandada Doe Run Resources Corporation, que hasta inicios del año pasado era su casa matriz. Por ello, aunque la denuncia es interpuesta contra la compañía estadounidense, se trata de los mismos intereses empresariales.

La demanda fue presentada ante la Corte del Circuito de Saint Luis de Missouri por dos religiosas estadounidenses a inicios de octubre de 2007, por el daño a la salud de 137 niños de La Oroya contaminados por plomo. Según el Consejo Nacional del Ambiente, la fundición de Doe Run es el emisor del 99% de los gases tóxicos que se respiran en esta ciudad.

CON COPIA A LA EMPRESA

Tal como reveló La República, el 31 de octubre Del Castillo envió una carta al embajador de Estados Unidos en el Perú, Michael Mckinley, solicitándole la "intervención del Departamento de Estado" para que el caso sea visto en el Perú aduciendo un principio de soberanía, pese a que se trata de la denuncia contra una empresa privada extranjera.

Con copia al gerente general de Doe Run, Juan Carlos Huyhua, Del Castillo pedía que se notifique la solicitud al Departamento de Justicia y la Corte de Missouri para que no se fije "un precedente perturbador para los inversionistas".

Ante la Comisión de Pueblos Indígenas, Ambiente y Ecología del Congreso, el primer ministro no supo responder el último jueves por qué envió el documento con copia a Huayhua. Pero sí reveló que intervino a pedido de John Youle, quien le informó que el juicio ponía "en riesgo importantes inversiones presentes y futuras" y perturbaba la ratificación del TLC con EEUU.

Youle actuó como asesor del premier desde su posición de contratado de Doe Run. Su empresa, además, tiene entre sus principales clientes a mineras como Río Tinto, Antamina y Angloamericana. La congresista Gloria Ramos dijo que "es injustificable" que el ministro se "haya dejado asesorar" por una empresa vinculada a Doe Run "sin antes convocar a las dos partes del juicio". "Está claro que el premier fijó una posición a favor de Doe Run", recalcó.

Congreso sigue investigando

John Youle fue presidente de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM), director de la Sociedad de Comercio Exterior (Comex) y diplomático del gobierno de Estados Unidos durante veinticinco años en países de América Latina y Europa.

En los 90' también fue vicepresidente de Relaciones Institucionales en la minera Southern Perú Copper Corporation. Al encontrarse Youle fuera de Lima, en Consultandes ratificaron que el empresario pidió el envío de la carta a Del Castillo para que no se perjudicara la firma del TLC. Por su parte, la congresista Gloria Ramos dijo que su despacho seguirá investigando el caso.

Minera Doe Run está denunciada en Missouri por contaminación en La Oroya


Ver en:

http://www.hoy.com.pe/noticias.php?noticia=193

Lima, 11 ene. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que preside la congresista Gloria Ramos Prudencio (NUPP), cuestionó la intervención del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, en el caso de la demanda presentada en Estados Unidos contra la empresa Doe Run Resources Corporation por contaminar a la población infantil de La Oroya, en Junín.

En la sesión extraordinaria celebrada el jueves 10 por ese grupo legislativo, el titular de la PCM explicó que la carta que envió al embajador de EEUU en nuestro país, se limitó únicamente a reclamar la soberanía de los tribunales peruanos para ventilar dicha denuncia, por tratarse de una empresa constituida y que opera en nuestro país, y porque afecta a personas nacidas y residentes en el Perú.

Del Castillo Gálvez explicó que no se podía aceptar la intromisión de jueces extranjeros en hechos ocurridos en el Perú, que atañen a empresas y personas que operan en el país y que afectan a connacionales.

Aclaró que la empresa denunciada en Missouri no es la misma que opera en nuestro país, ya que Doe Run se constituyó en el Perú y tiene su sede aquí.

Afirmó, además, que su decisión tuvo como marco la inminencia de la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC), y que la demanda en Missouri podría haber trabado su aprobación por el Senado norteamericano, además de, eventualmente, convertirse en un precedente perturbador a la inversión extranjera.

Recordó, asimismo, lo mucho que había costado a los gobiernos de Alejandro Toledo y de Alan García solucionar una veintena de controversias que se ventilaban en los tribunales peruanos y que involucraban a empresas estadounidenses, con la finalidad de “limpiar el camino” para la suscripción del TLC.

No obstante sus explicaciones, los congresistas Isaac Mekler Neiman (GPN) y Gloria Ramos, así como María Sumire de Conde y Martha Acosta Zárate (GPN), entre otros, cuestionaron que el premier interviniera en el caso de motu proprio, sin esperar que fueran los propios abogados de la empresa quienes lo hicieran.

Para la presidenta de la Comisión, el caso era grave porque involucraba a la empresa minera que más contamina en el Perú, que había logrado que se ampliara la aplicación del PAMA (Programa de Adecuación al Medio Ambiente) por tres años, que apela en los tribunales las sanciones que se aplican, ni ha pagado 210 UIT (235 mil soles) por multas que ha recibido, sin que el Estado, la PCM ni OSINERMING tomen alguna medida sobre el particular.

Ramos Prudencio anunció que el premier volverá a ser citado, al igual que los titulares de Osinerming, CONAM y DIGESA, para que expliquen la situación de Doe Run, tema que no pudo ser tratado en la sesión de la fecha por no ser tema de su convocatoria.

Por su parte, los congresista Ricardo Pando Córdova (GPF) y José Vargas Fernández (PAP) respaldaron las explicaciones del primer ministro, afirmando que, por el contrario, debiera ser felicitado por defender la soberanía de nuestro país.

Al inicio de la sesión se dio lectura a la carta enviada el pasado 31 de octubre por el titular de la PCM al embajador Michael McKinley, en la que solicitaba la intervención del Departamento de Estado de ese país para que la corte de San Luis, capital del estado de Missouri, se inhibiera de conocer la denuncia contra Doe Run.

La demanda fue presentada el 4 de octubre por dos abogados de Miami en San Luis, donde se encuentra la sede central de la empresa, a través de dos ciudadanas del lugar, en representación de 137 niños menores de diez años contaminados por las emanaciones de la minera en la zona donde opera, y que presentan en su sangre partículas de plomo y cadmio a niveles superiores a los permisibles.

Premier es convocado al congreso para explicar caso de DOE RUN


Jorge del Castillo, presidente del Consejo de Ministros, fue invitado al Congreso de la República para que informe sobre la intervención del Estado en la demanda planteada en los Estados Unidos contra la empresa Doe Run.

La invitación fue realizada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, cuya presidente, Gloria Ramos, precisó que el jefe del gabinete ministerial asistiría este jueves 10 de enero, para informar sobre una carta cursada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Departamento de Estado norteamericano, a propósito de un litigio planteado ante el tribunal del estado de Missouri por dos religiosas estadounidenses contra la empresa Doe Run.

Ambas religiosas – representadas por el estudio jurídico Slichter Bogart Denton- aseguran que la minera es la responsable de la contaminación de plomo de 137 niños que viven en La Oroya.

La legisladora señaló que se recogerá la opinión de diversos sectores como la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, la Cancillería y la PCM para determinar la contienda de competencia sobre esa demanda.

Hasta la quincena de febrero, la Corte de Missouri tiene plazo para determinar si el caso debe ventilarse en su jurisdicción o en el Perú.

DEL CASTILLO Y LA DOE RUN

VER EN: http://boards4.melodysoft.com/app?ID=mniperu&msg=1895

NOTA DE PRENSA 10-01-08

PREMIER JORGE DEL CASTILLO REAFIRMO EN EL CONGRESO QUE INTERVINO EN
CASO LA OROYA EN DEFENSA DE LOS INTERESES NACIONALES. CONGRESISTAS
NACIONALISTAS Y SOCIEDAD CIVIL EN DESACUERDO

El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, dijo hoy en una sesión extraordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ecología y Ambiente, que su carta al embajador de los EE.UU., pidiendo el traslado al Perú de la denuncia
contra la Doe Run Resources Corporation (DRR) ante el tribunal de San Luis, Missouri, fue para impedir que se frustre el TLC del Perú con dicho país. "Ustedes saben cuanto costó desglosar la maraña de procesos judiciales para aprobar el TLC, entre 15 y 20 procesos",
sostuvo Del Castillo. Los congresistas nacionalistas presentes, Gloria Ramos, Hilaria Supa, María Sumire, Isaac Meckler y Martha Acosta, y representantes de la sociedad civil discreparon de sus planteamientos.

Del Castillo explicó que varias delegaciones viajaron a los EE.UU. para frustrar el TLC, como una de la CGTP, ante lo cual respondieron. "Si estos niños tienen un derecho, lo deben ejercer en el Perú. Aceptar la jurisdicción de otro país afectaría el principio de
soberanía nacional. Esta empresa tiene un precedente que es CENTROMIN, empresa que es del Estado peruano. El Estado puede terminar siendo obligado a pagar, al ser procesado en el extranjero", precisó. Añadió que la demanda judicial contra la DRR es impulsada por personas que están por ideología contra el TLC, y que lo verdaderamente nacionalista es someterse a jueces peruanos.

En respuesta a ello, el congresista Meckler afirmó que es a la empresa demandada a la que le compete afirmar lo anterior, y le preguntó por qué actuó como defensor de la empresa. "Eso no le corresponde a usted. Ustedes no fueron electos para defender a empresas. El tema de fondo
es si debe participar el ministro en un juicio entre privados, y por qué le preocupa tanto", añadió.

Gloria Ramos, presidenta de la Comisión, señaló que el juicio se suscitó en el contexto de la grave contaminación en La Oroya, siendo la matriz de los EE.UU., y que en otros casos el Estado no se ha interpuesto. "Huyhua (presidente de Doe Run Perú) ha presentado la
carta como anexo para justificar que no sean demandados en su casa matriz. Esta Comisión ha presentado un informe sobre el problema de La Oroya a la PCM, OSINERGMIN, DIGESA, CONAM, y no hay respuesta. ¿Cuándo ha sido fuerte el Estado sancionando?. En ningún caso", acotó.

Por su parte, la congresista Supa preguntó a quien le compete escribir dicha carta, al primer ministro, al poder judicial o al ministerio de Relaciones Exteriores. "Acá se deben respetar los derechos humanos. Los pobres no confían en su propio Estado. ¿A quien defiende el Estado
peruano?, ¿Quién es preferencial?", concluyó.

Eliana Ames, catedrática y abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y Jacob Goad, misionero de la Iglesia Presbiteriana de los EE.UU. se mostraron indignados por las afirmaciones del Premier. "Yo me pregunto qué hubiera dicho y hecho el Premier si la demanda contra la DRR hubiera sido presentada en los EE.UU. después de la aprobación
del TLC", declaró Goad.

PREMIER EXPLICÓ QUE GOBIERNO PERUANO DEFIENDE SOBERANÍA EN CASO DOE RUN



Edición Nº 220 - Enero 2008

Ver en: http://www.elinformanteperu.com/agenda.php?idarticulos=24541

por: Mirian Castillo / El Informante

Lima, 11 Enero 2008.- La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, que preside la congresista Gloria Ramos Prudencio (NUPP), cuestionó la intervención del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, en el caso de la demanda presentada en Estados Unidos contra la empresa Doe Run Resources Corporation por contaminar a la población infantil de La Oroya, en Junín.

En la sesión extraordinaria celebrada el jueves 10 por ese grupo legislativo, el titular de la PCM explicó que la carta que envió al embajador de EEUU en nuestro país, se limitó únicamente a reclamar la soberanía de los tribunales peruanos para ventilar dicha denuncia, por tratarse de una empresa constituida y que opera en nuestro país, y porque afecta a personas nacidas y residentes en el Perú.

Del Castillo Gálvez explicó que no se podía aceptar la intromisión de jueces extranjeros en hechos ocurridos en el Perú, que atañen a empresas y personas que operan en el país y que afectan a connacionales.

Aclaró que la empresa denunciada en Missouri no es la misma que opera en nuestro país, ya que Doe Run se constituyó en el Perú y tiene su sede aquí.

Afirmó, además, que su decisión tuvo como marco la inminencia de la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC), y que la demanda en Missouri podría haber trabado su aprobación por el Senado norteamericano, además de, eventualmente, convertirse en un precedente perturbador a la inversión extranjera.

Recordó, asimismo, lo mucho que había costado a los gobiernos de Alejandro Toledo y de Alan García solucionar una veintena de controversias que se ventilaban en los tribunales peruanos y que involucraban a empresas estadounidenses, con la finalidad de “limpiar el camino” para la suscripción del TLC.

No obstante sus explicaciones, los congresistas Isaac Mekler Neiman (GPN) y Gloria Ramos, así como María Sumire de Conde y Martha Acosta Zárate (GPN), entre otros, cuestionaron que el premier interviniera en el caso de motu proprio, sin esperar que fueran los propios abogados de la empresa quienes lo hicieran.

Para la presidenta de la Comisión, el caso era grave porque involucraba a la empresa minera que más contamina en el Perú, que había logrado que se ampliara la aplicación del PAMA (Programa de Adecuación al Medio Ambiente) por tres años, que apela en los tribunales las sanciones que se aplican, ni ha pagado 210 UIT (235 mil soles) por multas que ha recibido, sin que el Estado, la PCM ni OSINERMING tomen alguna medida sobre el particular.

Ramos Prudencio anunció que el premier volverá a ser citado, al igual que los titulares de Osinerming, CONAM y DIGESA, para que expliquen la situación de Doe Run, tema que no pudo ser tratado en la sesión de la fecha por no ser tema de su convocatoria.

Por su parte, los congresista Ricardo Pando Córdova (GPF) y José Vargas Fernández (PAP) respaldaron las explicaciones del primer ministro, afirmando que, por el contrario, debiera ser felicitado por defender la soberanía de nuestro país.

Al inicio de la sesión se dio lectura a la carta enviada el pasado 31 de octubre por el titular de la PCM al embajador Michael McKinley, en la que solicitaba la intervención del Departamento de Estado de ese país para que la corte de San Luis, capital del estado de Missouri, se inhibiera de conocer la denuncia contra Doe Run.

La demanda fue presentada el 4 de octubre por dos abogados de Miami en San Luis, donde se encuentra la sede central de la empresa, a través de dos ciudadanas del lugar, en representación de 137 niños menores de diez años contaminados por las emanaciones de la minera en la zona donde opera, y que presentan en su sangre partículas de plomo y cadmio a niveles superiores a los permisibles.

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DEL CASTILLO: EN LUGAR DE GASTAR 150 MILLONES DE SOLES EN REFERENDUM POR FONAVI SE PODRIAN HACER OBRAS

Despacho: Agencias

Arequipa, 11 Enero 2008, (ANDINA).- El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, afirmó que en lugar de gastar 150 millones de soles en la realización de un referéndum para el caso Fonavi se debe invertir dicho dinero en la ejecución de gastos sociales como obras de
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Miércoles 16 de Enero 2008

Lima, 09 ene. La presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, congresista Gloria Ramos Prudencio (UPP), anunció el martes 8 la invitación al presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, para que informe sobre la intervención del Estado en la demanda planteada en los Estados Unidos contra la empresa Doe Run por la contaminación que estaría produciendo en La Oroya, Región Junín.

Del Castillo asistirá este jueves 10 para informar sobre una carta cursada por la Presidencia del Consejo de Ministros al Departamento de Estado norteamericano, a propósito de un litigio planteado en ese país por dos religiosas contra la empresa Doe Run Resources Corporation, en representación de 137 niños de La Oroya afectados por contaminación, según informó la congresista Ramos Prudencio.

En la sesión informativa, en la que participaron las congresistas Martha Acosta (GPN), coordinadora del Bloque Parlamentario de Junín, y Elizabeth León (UPP), expusieron los especialistas en derecho ambiental Iván Lanegra, Ana Leiva y Eliana Ames. Ellos mostraron su extrañeza por la intervención del Estado en una demanda de derecho privado. Esa misma opinión expresó, en carta dirigida a la comisión, el ex defensor del Pueblo, Walter Albán.

Las congresistas Ramos Pruddencio, Acosta y León dijeron que se recogerá la opinión de diversos sectores como la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, la Cancillería y de la Presidencia del Consejo de Ministros para determinar la contienda de competencia sobre esa demanda que afecta a la población de La Oroya.

Noticia enviado por regional el 09/01/08 - 05:32 AM