miércoles, 16 de enero de 2008

Minera Doe Run está denunciada en Missouri por contaminación en La Oroya


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http://www.hoy.com.pe/noticias.php?noticia=193

Lima, 11 ene. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que preside la congresista Gloria Ramos Prudencio (NUPP), cuestionó la intervención del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, en el caso de la demanda presentada en Estados Unidos contra la empresa Doe Run Resources Corporation por contaminar a la población infantil de La Oroya, en Junín.

En la sesión extraordinaria celebrada el jueves 10 por ese grupo legislativo, el titular de la PCM explicó que la carta que envió al embajador de EEUU en nuestro país, se limitó únicamente a reclamar la soberanía de los tribunales peruanos para ventilar dicha denuncia, por tratarse de una empresa constituida y que opera en nuestro país, y porque afecta a personas nacidas y residentes en el Perú.

Del Castillo Gálvez explicó que no se podía aceptar la intromisión de jueces extranjeros en hechos ocurridos en el Perú, que atañen a empresas y personas que operan en el país y que afectan a connacionales.

Aclaró que la empresa denunciada en Missouri no es la misma que opera en nuestro país, ya que Doe Run se constituyó en el Perú y tiene su sede aquí.

Afirmó, además, que su decisión tuvo como marco la inminencia de la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC), y que la demanda en Missouri podría haber trabado su aprobación por el Senado norteamericano, además de, eventualmente, convertirse en un precedente perturbador a la inversión extranjera.

Recordó, asimismo, lo mucho que había costado a los gobiernos de Alejandro Toledo y de Alan García solucionar una veintena de controversias que se ventilaban en los tribunales peruanos y que involucraban a empresas estadounidenses, con la finalidad de “limpiar el camino” para la suscripción del TLC.

No obstante sus explicaciones, los congresistas Isaac Mekler Neiman (GPN) y Gloria Ramos, así como María Sumire de Conde y Martha Acosta Zárate (GPN), entre otros, cuestionaron que el premier interviniera en el caso de motu proprio, sin esperar que fueran los propios abogados de la empresa quienes lo hicieran.

Para la presidenta de la Comisión, el caso era grave porque involucraba a la empresa minera que más contamina en el Perú, que había logrado que se ampliara la aplicación del PAMA (Programa de Adecuación al Medio Ambiente) por tres años, que apela en los tribunales las sanciones que se aplican, ni ha pagado 210 UIT (235 mil soles) por multas que ha recibido, sin que el Estado, la PCM ni OSINERMING tomen alguna medida sobre el particular.

Ramos Prudencio anunció que el premier volverá a ser citado, al igual que los titulares de Osinerming, CONAM y DIGESA, para que expliquen la situación de Doe Run, tema que no pudo ser tratado en la sesión de la fecha por no ser tema de su convocatoria.

Por su parte, los congresista Ricardo Pando Córdova (GPF) y José Vargas Fernández (PAP) respaldaron las explicaciones del primer ministro, afirmando que, por el contrario, debiera ser felicitado por defender la soberanía de nuestro país.

Al inicio de la sesión se dio lectura a la carta enviada el pasado 31 de octubre por el titular de la PCM al embajador Michael McKinley, en la que solicitaba la intervención del Departamento de Estado de ese país para que la corte de San Luis, capital del estado de Missouri, se inhibiera de conocer la denuncia contra Doe Run.

La demanda fue presentada el 4 de octubre por dos abogados de Miami en San Luis, donde se encuentra la sede central de la empresa, a través de dos ciudadanas del lugar, en representación de 137 niños menores de diez años contaminados por las emanaciones de la minera en la zona donde opera, y que presentan en su sangre partículas de plomo y cadmio a niveles superiores a los permisibles.

Premier es convocado al congreso para explicar caso de DOE RUN


Jorge del Castillo, presidente del Consejo de Ministros, fue invitado al Congreso de la República para que informe sobre la intervención del Estado en la demanda planteada en los Estados Unidos contra la empresa Doe Run.

La invitación fue realizada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, cuya presidente, Gloria Ramos, precisó que el jefe del gabinete ministerial asistiría este jueves 10 de enero, para informar sobre una carta cursada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Departamento de Estado norteamericano, a propósito de un litigio planteado ante el tribunal del estado de Missouri por dos religiosas estadounidenses contra la empresa Doe Run.

Ambas religiosas – representadas por el estudio jurídico Slichter Bogart Denton- aseguran que la minera es la responsable de la contaminación de plomo de 137 niños que viven en La Oroya.

La legisladora señaló que se recogerá la opinión de diversos sectores como la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, la Cancillería y la PCM para determinar la contienda de competencia sobre esa demanda.

Hasta la quincena de febrero, la Corte de Missouri tiene plazo para determinar si el caso debe ventilarse en su jurisdicción o en el Perú.

DEL CASTILLO Y LA DOE RUN

VER EN: http://boards4.melodysoft.com/app?ID=mniperu&msg=1895

NOTA DE PRENSA 10-01-08

PREMIER JORGE DEL CASTILLO REAFIRMO EN EL CONGRESO QUE INTERVINO EN
CASO LA OROYA EN DEFENSA DE LOS INTERESES NACIONALES. CONGRESISTAS
NACIONALISTAS Y SOCIEDAD CIVIL EN DESACUERDO

El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, dijo hoy en una sesión extraordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ecología y Ambiente, que su carta al embajador de los EE.UU., pidiendo el traslado al Perú de la denuncia
contra la Doe Run Resources Corporation (DRR) ante el tribunal de San Luis, Missouri, fue para impedir que se frustre el TLC del Perú con dicho país. "Ustedes saben cuanto costó desglosar la maraña de procesos judiciales para aprobar el TLC, entre 15 y 20 procesos",
sostuvo Del Castillo. Los congresistas nacionalistas presentes, Gloria Ramos, Hilaria Supa, María Sumire, Isaac Meckler y Martha Acosta, y representantes de la sociedad civil discreparon de sus planteamientos.

Del Castillo explicó que varias delegaciones viajaron a los EE.UU. para frustrar el TLC, como una de la CGTP, ante lo cual respondieron. "Si estos niños tienen un derecho, lo deben ejercer en el Perú. Aceptar la jurisdicción de otro país afectaría el principio de
soberanía nacional. Esta empresa tiene un precedente que es CENTROMIN, empresa que es del Estado peruano. El Estado puede terminar siendo obligado a pagar, al ser procesado en el extranjero", precisó. Añadió que la demanda judicial contra la DRR es impulsada por personas que están por ideología contra el TLC, y que lo verdaderamente nacionalista es someterse a jueces peruanos.

En respuesta a ello, el congresista Meckler afirmó que es a la empresa demandada a la que le compete afirmar lo anterior, y le preguntó por qué actuó como defensor de la empresa. "Eso no le corresponde a usted. Ustedes no fueron electos para defender a empresas. El tema de fondo
es si debe participar el ministro en un juicio entre privados, y por qué le preocupa tanto", añadió.

Gloria Ramos, presidenta de la Comisión, señaló que el juicio se suscitó en el contexto de la grave contaminación en La Oroya, siendo la matriz de los EE.UU., y que en otros casos el Estado no se ha interpuesto. "Huyhua (presidente de Doe Run Perú) ha presentado la
carta como anexo para justificar que no sean demandados en su casa matriz. Esta Comisión ha presentado un informe sobre el problema de La Oroya a la PCM, OSINERGMIN, DIGESA, CONAM, y no hay respuesta. ¿Cuándo ha sido fuerte el Estado sancionando?. En ningún caso", acotó.

Por su parte, la congresista Supa preguntó a quien le compete escribir dicha carta, al primer ministro, al poder judicial o al ministerio de Relaciones Exteriores. "Acá se deben respetar los derechos humanos. Los pobres no confían en su propio Estado. ¿A quien defiende el Estado
peruano?, ¿Quién es preferencial?", concluyó.

Eliana Ames, catedrática y abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y Jacob Goad, misionero de la Iglesia Presbiteriana de los EE.UU. se mostraron indignados por las afirmaciones del Premier. "Yo me pregunto qué hubiera dicho y hecho el Premier si la demanda contra la DRR hubiera sido presentada en los EE.UU. después de la aprobación
del TLC", declaró Goad.

PREMIER EXPLICÓ QUE GOBIERNO PERUANO DEFIENDE SOBERANÍA EN CASO DOE RUN



Edición Nº 220 - Enero 2008

Ver en: http://www.elinformanteperu.com/agenda.php?idarticulos=24541

por: Mirian Castillo / El Informante

Lima, 11 Enero 2008.- La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, que preside la congresista Gloria Ramos Prudencio (NUPP), cuestionó la intervención del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, en el caso de la demanda presentada en Estados Unidos contra la empresa Doe Run Resources Corporation por contaminar a la población infantil de La Oroya, en Junín.

En la sesión extraordinaria celebrada el jueves 10 por ese grupo legislativo, el titular de la PCM explicó que la carta que envió al embajador de EEUU en nuestro país, se limitó únicamente a reclamar la soberanía de los tribunales peruanos para ventilar dicha denuncia, por tratarse de una empresa constituida y que opera en nuestro país, y porque afecta a personas nacidas y residentes en el Perú.

Del Castillo Gálvez explicó que no se podía aceptar la intromisión de jueces extranjeros en hechos ocurridos en el Perú, que atañen a empresas y personas que operan en el país y que afectan a connacionales.

Aclaró que la empresa denunciada en Missouri no es la misma que opera en nuestro país, ya que Doe Run se constituyó en el Perú y tiene su sede aquí.

Afirmó, además, que su decisión tuvo como marco la inminencia de la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC), y que la demanda en Missouri podría haber trabado su aprobación por el Senado norteamericano, además de, eventualmente, convertirse en un precedente perturbador a la inversión extranjera.

Recordó, asimismo, lo mucho que había costado a los gobiernos de Alejandro Toledo y de Alan García solucionar una veintena de controversias que se ventilaban en los tribunales peruanos y que involucraban a empresas estadounidenses, con la finalidad de “limpiar el camino” para la suscripción del TLC.

No obstante sus explicaciones, los congresistas Isaac Mekler Neiman (GPN) y Gloria Ramos, así como María Sumire de Conde y Martha Acosta Zárate (GPN), entre otros, cuestionaron que el premier interviniera en el caso de motu proprio, sin esperar que fueran los propios abogados de la empresa quienes lo hicieran.

Para la presidenta de la Comisión, el caso era grave porque involucraba a la empresa minera que más contamina en el Perú, que había logrado que se ampliara la aplicación del PAMA (Programa de Adecuación al Medio Ambiente) por tres años, que apela en los tribunales las sanciones que se aplican, ni ha pagado 210 UIT (235 mil soles) por multas que ha recibido, sin que el Estado, la PCM ni OSINERMING tomen alguna medida sobre el particular.

Ramos Prudencio anunció que el premier volverá a ser citado, al igual que los titulares de Osinerming, CONAM y DIGESA, para que expliquen la situación de Doe Run, tema que no pudo ser tratado en la sesión de la fecha por no ser tema de su convocatoria.

Por su parte, los congresista Ricardo Pando Córdova (GPF) y José Vargas Fernández (PAP) respaldaron las explicaciones del primer ministro, afirmando que, por el contrario, debiera ser felicitado por defender la soberanía de nuestro país.

Al inicio de la sesión se dio lectura a la carta enviada el pasado 31 de octubre por el titular de la PCM al embajador Michael McKinley, en la que solicitaba la intervención del Departamento de Estado de ese país para que la corte de San Luis, capital del estado de Missouri, se inhibiera de conocer la denuncia contra Doe Run.

La demanda fue presentada el 4 de octubre por dos abogados de Miami en San Luis, donde se encuentra la sede central de la empresa, a través de dos ciudadanas del lugar, en representación de 137 niños menores de diez años contaminados por las emanaciones de la minera en la zona donde opera, y que presentan en su sangre partículas de plomo y cadmio a niveles superiores a los permisibles.

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DEL CASTILLO: EN LUGAR DE GASTAR 150 MILLONES DE SOLES EN REFERENDUM POR FONAVI SE PODRIAN HACER OBRAS

Despacho: Agencias

Arequipa, 11 Enero 2008, (ANDINA).- El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, afirmó que en lugar de gastar 150 millones de soles en la realización de un referéndum para el caso Fonavi se debe invertir dicho dinero en la ejecución de gastos sociales como obras de
Indicó que el Ejecutivo y probablemente el Congreso van a tomar en cuenta los criterios que podrían evitar la realización de un referéndum para el caso Fonavi.

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Invitan a Del Castillo ver competencia de demanada en EE.UU contra DOE RUN



Miércoles 16 de Enero 2008

Lima, 09 ene. La presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, congresista Gloria Ramos Prudencio (UPP), anunció el martes 8 la invitación al presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, para que informe sobre la intervención del Estado en la demanda planteada en los Estados Unidos contra la empresa Doe Run por la contaminación que estaría produciendo en La Oroya, Región Junín.

Del Castillo asistirá este jueves 10 para informar sobre una carta cursada por la Presidencia del Consejo de Ministros al Departamento de Estado norteamericano, a propósito de un litigio planteado en ese país por dos religiosas contra la empresa Doe Run Resources Corporation, en representación de 137 niños de La Oroya afectados por contaminación, según informó la congresista Ramos Prudencio.

En la sesión informativa, en la que participaron las congresistas Martha Acosta (GPN), coordinadora del Bloque Parlamentario de Junín, y Elizabeth León (UPP), expusieron los especialistas en derecho ambiental Iván Lanegra, Ana Leiva y Eliana Ames. Ellos mostraron su extrañeza por la intervención del Estado en una demanda de derecho privado. Esa misma opinión expresó, en carta dirigida a la comisión, el ex defensor del Pueblo, Walter Albán.

Las congresistas Ramos Pruddencio, Acosta y León dijeron que se recogerá la opinión de diversos sectores como la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, la Cancillería y de la Presidencia del Consejo de Ministros para determinar la contienda de competencia sobre esa demanda que afecta a la población de La Oroya.

Noticia enviado por regional el 09/01/08 - 05:32 AM

Doe Run deberá pagar 200 millones de dólares al Estado






Ver en: http://www.cpnradio.com.pe/html/2008/01/10/3/2607.htm

|CPN RADIO 10 ene| La empresa Doe Run deberá pagar 200 millones de dólares al Estado peruano para la recuperación de pasivos ambientales, informó el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo.

El jefe del gabinete ministerial sostuvo que este hecho ratifica la intención del Gobierno de cuidar el medio ambiente y evitar la contaminación.

Del Castillo Gálvez, se presentó ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso para explicar el motivo de una carta que envió a la Corte de Missouri en la que solicitó que no se admita una acción judicial presentada contra empresa Doe Run, la cual obedecía a la contaminación de 137 niños en La Oroya.



Congreso cita a Del Castillo por caso de Doe Run



Ver en: http://www.larepublica.com.pe/content/view/198195/483/

09 de Enero de 2008

Grupo de trabajo quiere que explique por qué intervino.

Quieren despejar dudas. Por eso la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, Gloria Ramos (UPP), ha invitado al premier Jorge del Castillo mañana a las tres de la tarde a una sesión del grupo de trabajo.

El objetivo es que este explique por qué intervino en nombre del Perú en el juicio que la empresa minera Doe Run Resources Corporation (socia de Doe Run Perú) enfrenta en Estados Unidos, por presuntamente contaminar con plomo la salud de 137 niños de La Oroya.

Del Castillo envió una carta al embajador de Estados Unidos en Perú, Michael Mckinley, solicitándole la "intervención del Departamento de Estado" para que el caso sea visto en nuestro país, porque –según dijo– creyó que el caso podría complicar la firma del TLC.