Los pobladores culpan a la minera y al Gobierno mientras la empresa dice que ha realizado avances.
La minera estadounidense Doe Run acaba de cumplir diez años al frente del complejo metalúrgico de La Oroya y, según su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), para este año deberían estar solucionados los problemas de contaminación. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Rosa Amaro, presidenta del Movimiento por la Salud de La Oroya (Mosao), se presentó ayer en el Congreso y responsabilizó al Estado y a la empresa de que continuara la contaminación en la ciudad andina, debido a que no se han cumplido los compromisos asumidos cuando se otorgó la operación minera.
Esta ciudad es considerada una de la diez más contaminadas del mundo, según el instituto estadounidense Blacksmith. Eliana Ames, abogada de 65 demandantes de La Oroya ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), precisó que los pobladores afectados no se oponían a la actividad metalúrgica, siempre y cuando esta no afectase el derecho a la salud de la gente de La Oroya.
Sostuvo que los problemas ambientales eran de tal grado que la CIDH ha otorgado medidas cautelares a 65 denunciantes de La Oroya, con lo que el organismo acepta que está en peligro la salud de las personas por la contaminación que emana de la actividad minera de Doe Run.
La empresa respondió que, tras diez años de operaciones en La Oroya, se han reducido las emisiones de material en partículas y metales pesados en 50%, con lo cual cumple los límites máximos permisibles por las autoridades locales. También afirmó que el índice de concentración de plomo en el aire disminuyó a 67%.
Sobre la salud de las personas, Doe Run sostuvo que se han reducido los niveles de plomo en la sangre de sus trabajadores en 38%, y que el complejo metalúrgico había dejado de contaminar el río Mantaro.
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