de Pablo O’brien
Situación geográfica y ambiental de La Oroya
La ciudad de La Oroya, departamento de Junín, está ubicada en un estrecho valle formado por los andes y el río Mantaro. Su altitud es de 3,700 metros sobre el nivel del mar y se halla a 175 kilómetros de Lima siguiendo la serpenteante Carretera Central que une a la capital con los ricos valles altoandinos y la selva peruana. Por ello, el crecimiento de esta ciudad, de 30 mil almas, se efectuó siguiendo el contorno de esta estratégica vía. Este hecho le otorga a la mencionada ciudad su configuración alargada, en la que viviendas y comercios se apiñan entre sí para tener vista a la carretera.
Tal condición y la peculiar topografía, en la que se encuentra enclavada La Oroya, exponen a su población a las inclemencias climáticas y a la contaminación. Rodeada por altas montañas, los gases que se producen en ella quedan atrapados sin poder dispersarse. Como es fácil deducir, esta característica compromete seriamente la salud de sus habitantes. La situación se agrava, debido a que esta urbe cobija a uno de los centros metalúrgicos más antiguos e importantes del Perú, y por tanto, a uno de los más contaminantes.
Los gases que emana esta industria, de acuerdo a lo que han determinado diversas investigaciones, han contaminado seriamente a los pobladores de La Oroya. De acuerdo a estos análisis, los residentes de este poblado tienen más plomo en la sangre que los niveles permitidos por la Organización Mundial de la Salud.
Son varios los estudios que han llegado a esta conclusión por lo que la fiabilidad de esta conclusión está perfectamente establecida.
Son varios los estudios que han llegado a esta conclusión por lo que la fiabilidad de esta conclusión está perfectamente establecida.
Entre ellos podemos citar:
1) “Estudio de Plomo en Sangre en una Población Seleccionada de La Oroya”, elaborado por la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA- del Ministerio de Salud en 1999.
2) “Evaluación de Niveles de Plomo y Factores de Exposición en Gestantes y Niños Menores de tres Años de la Ciudad de La Oroya”, efectuado por el Consorcio Unión para el Desarrollo Sustentable – UNES- en el año 2000.
3) El estudio del Centro Nacional de Salud Ambiental, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, de la Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades y de la División de Servicios de Emergencia y de Salud Ambiental, realizado por encargo de la Agencia Internacional para el Desarrollo-Misión Perú.
La investigación del Consorcio Unión para el Desarrollo Sustentable (UNES) fue reseñada por el diario El Comercio de la siguiente manera:
“Un estudio efectuado por UNES en 48 gestantes y 30 niños menores de tres años reveló que en este grupo los niveles de contaminación en La Oroya (Junín) superan los límites permisibles, de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La población urbana de esa localidad está expuesta a millones de partículas de plomo en el aire, el agua y el suelo. Según el informe, en las mujeres gestantes se obtuvo un promedio de contaminación de 39,49% miligramos de plomo por decilitro de sangre (mg/dl), muy por encima del límite indicado por la OMS, que es de 30 mg/dl en mujeres en edad de procrear. En niños, los resultados establecen un promedio de 41,81 mg/dl, cuando el límite permisible es de 10 mg/dl, de acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, con sede en Atlanta (EE.UU). El plomo tiene efecto nocivo en los sistemas hepático, renal, reproductivo y gastrointestinal. Es grave la situación de los niños que absorben el peligroso mineral por la vía digestiva y respiratoria. Los efectos se manifiestan en el sistema nervioso central y causan daños neuroconductuales, como trastornos de comportamiento, retardo en el crecimiento y alteraciones en la audición. Cabe recordar que una evaluación de la calidad del aire, ríos y suelos realizada en 1999 en La Oroya por la empresa Equasa registró niveles significativos de contaminación con partículas de plomo.” (El Comercio, 18/07/2000. p. A10).
1) “Estudio de Plomo en Sangre en una Población Seleccionada de La Oroya”, elaborado por la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA- del Ministerio de Salud en 1999.
2) “Evaluación de Niveles de Plomo y Factores de Exposición en Gestantes y Niños Menores de tres Años de la Ciudad de La Oroya”, efectuado por el Consorcio Unión para el Desarrollo Sustentable – UNES- en el año 2000.
3) El estudio del Centro Nacional de Salud Ambiental, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, de la Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades y de la División de Servicios de Emergencia y de Salud Ambiental, realizado por encargo de la Agencia Internacional para el Desarrollo-Misión Perú.
La investigación del Consorcio Unión para el Desarrollo Sustentable (UNES) fue reseñada por el diario El Comercio de la siguiente manera:
“Un estudio efectuado por UNES en 48 gestantes y 30 niños menores de tres años reveló que en este grupo los niveles de contaminación en La Oroya (Junín) superan los límites permisibles, de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La población urbana de esa localidad está expuesta a millones de partículas de plomo en el aire, el agua y el suelo. Según el informe, en las mujeres gestantes se obtuvo un promedio de contaminación de 39,49% miligramos de plomo por decilitro de sangre (mg/dl), muy por encima del límite indicado por la OMS, que es de 30 mg/dl en mujeres en edad de procrear. En niños, los resultados establecen un promedio de 41,81 mg/dl, cuando el límite permisible es de 10 mg/dl, de acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, con sede en Atlanta (EE.UU). El plomo tiene efecto nocivo en los sistemas hepático, renal, reproductivo y gastrointestinal. Es grave la situación de los niños que absorben el peligroso mineral por la vía digestiva y respiratoria. Los efectos se manifiestan en el sistema nervioso central y causan daños neuroconductuales, como trastornos de comportamiento, retardo en el crecimiento y alteraciones en la audición. Cabe recordar que una evaluación de la calidad del aire, ríos y suelos realizada en 1999 en La Oroya por la empresa Equasa registró niveles significativos de contaminación con partículas de plomo.” (El Comercio, 18/07/2000. p. A10).
Tanto el estudio que se acaba de citar, como el llevado a cabo por DIGESA, fueron presentados como pruebas ante la Justicia peruana para solicitar al Estado que tome acciones inmediatas en defensa de la salud de los residentes de La Oroya.
Tras una larga lucha legal, finalmente en junio del 2006, El Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Ministerio de Salud que en un plazo de 30 días ponga en marcha un plan de emergencia para atender a los habitantes de La Oroya que sufren por la contaminación de plomo en la sangre.
En su resolución, el TC exige que se atienda con prioridad a los niños y mujeres gestantes. Y advierte que de no cumplirse con la sentencia, podría aplicar medidas coercitivas. Ordena además, que el Ministerio de Salud, a través de DIGESA, evalúe la calidad del aire de La Oroya de acuerdo con el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire para que en 30 días se establezcan los planes que disminuyan los niveles de plomo en el ambiente. Asimismo, señala que en dicho plazo se deben realizar las acciones necesarias para la declarar el estado de alerta sanitaria en la ciudad de La Oroya. (El Comercio, 29/06/2006).
A pesar de la contundencia de la mencionada sentencia, es lamentable que las medidas señaladas en la citada resolución aún no hayan sido implementadas por el Estado. Es por esta razón que diversas ONGs ambientales han denunciado al Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El incumplimiento del dictamen del Tribunal Constitucional es una clara muestra de la forma en que el Estado ha enfrentado el problema ambiental de La Oroya. En la mayoría de los casos ha desatendido a los 30 mil ciudadanos, en su mayoría de bajos ingresos y de una gran dependencia económica del Complejo Metalúrgico, que habitan La Oroya para favorecer a las empresas mineras.
Breve historia
El Complejo Metalúrgico de La Oroya se empezó a instalar en 1922, cuando la empresa estadounidense Cerro de Pasco Copper Corporation se establece en el país. Aún hoy, se ocupa principalmente tres circuitos metalúrgicos: el de cobre instalado en 1922; el de plomo que entró en operación en 1928 y el de zinc que funciona desde 1952. Estos circuitos incluyen procesos de fundición y refinado de dichos metales, pero también produce cadmio, plata, oro y otros.
A pesar de la contundencia de la mencionada sentencia, es lamentable que las medidas señaladas en la citada resolución aún no hayan sido implementadas por el Estado. Es por esta razón que diversas ONGs ambientales han denunciado al Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El incumplimiento del dictamen del Tribunal Constitucional es una clara muestra de la forma en que el Estado ha enfrentado el problema ambiental de La Oroya. En la mayoría de los casos ha desatendido a los 30 mil ciudadanos, en su mayoría de bajos ingresos y de una gran dependencia económica del Complejo Metalúrgico, que habitan La Oroya para favorecer a las empresas mineras.
Breve historia
El Complejo Metalúrgico de La Oroya se empezó a instalar en 1922, cuando la empresa estadounidense Cerro de Pasco Copper Corporation se establece en el país. Aún hoy, se ocupa principalmente tres circuitos metalúrgicos: el de cobre instalado en 1922; el de plomo que entró en operación en 1928 y el de zinc que funciona desde 1952. Estos circuitos incluyen procesos de fundición y refinado de dichos metales, pero también produce cadmio, plata, oro y otros.
El primero de enero de 1974, el Complejo fue nacionalizado por el Gobierno Militar que regía los designios del Perú en esa época. Para su administración, el gobierno, presidido por el general Juan Velazco Alvarado (1968-1975), creó la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. (CENTROMIN PERU S.A), la cuál estuvo en funcionamiento hasta 1997.
La ola privatizadora
Tras el arribo de Alberto Fujimori al poder en julio de 1990 se inició un proceso de ajuste y reestructuración económico, que en resumen se puede definir como la liberalización de la economía nacional.
Tras el arribo de Alberto Fujimori al poder en julio de 1990 se inició un proceso de ajuste y reestructuración económico, que en resumen se puede definir como la liberalización de la economía nacional.
Una de las reformas más importantes que se dieron en este sentido, fue la privatización de las empresas públicas. Para fines de los 80, el 20% del aparato productivo nacional estaba en manos del Estado. En su mayoría, compañías que fueron nacionalizadas durante el gobierno del general Juan Velazco Alvarado (1968-1975).
En un primer momento, los técnicos fujimoristas plantearon una privatización moderada. La idea era que el Estado se quedara con las empresas estratégicas para irlas reflotando, el resto (unas 23), se ofrecerían al sector privado. Pronto cambiaron de opinión. En setiembre de 1991, se promulgó un Decreto Legislativo mediante el cual se ponía a la venta todas las corporaciones públicas. La citada norma creó también, el organismo que se encargaría de efectuar esta labor: la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI, hoy Proinversión) (Kisic, 1998).
La COPRI se puso inmediatamente en funcionamiento y, entre 1992 y 1997, consiguió que el Estado se deshiciera de la mayoría de sus activos. Como algunos analistas señalaron en su momento, este procedimiento significaba en realidad “la venta de las joyas de la abuela” para hacer caja.
Efectivamente, el proceso privatizador permitió que el gobierno de Fujimori obtuviera gigantescos ingresos fiscales para una economía como la peruana. Según Sally Bowen, los años de mayor recaudación fueron el 94 (2,62 millones de dólares), el 95 (1.1 millones de dólares) y el 96 (2,63 millones de dólares) (Bowen, 2000).
Para atraer la mayor inversión posible, el gobierno creó un marco normativo que brindara seguridades a los inversionistas. Para tal efecto, emitió el Decreto Legislativo 662, el cuál permitía al Estado firmar convenios de estabilidad jurídica, tributaria y (hasta) ambiental con las compañías que adquirieran bienes públicos.
Para atraer la mayor inversión posible, el gobierno creó un marco normativo que brindara seguridades a los inversionistas. Para tal efecto, emitió el Decreto Legislativo 662, el cuál permitía al Estado firmar convenios de estabilidad jurídica, tributaria y (hasta) ambiental con las compañías que adquirieran bienes públicos.
Este marco jurídico ha sido seriamente cuestionado, pues de acuerdo a diferentes economistas, otorgaba beneficios económicos excesivos a las corporaciones internacionales que se hicieron de las empresas públicas, a la vez, que se relajaban los controles en materia ambiental, como veremos más adelante.
Habría que señalar, además que este Decreto fue expedido mediante una delegación de facultades que efectuó el Congreso al Ejecutivo. Tal delegación, según el abogado Patrick Burgos, “excede el marco constitucional vigente, dado que legisló en materia tributaria. Debe destacarse que la Constitución vigente en el momento de la expedición del Decreto Legislativo 662 era la de 1979, [por lo que era de cumplimiento obligatorio lo que se señala] en los artículos 118° y 139°. Del análisis del último de ellos, puede concluirse que sólo por ley expresa y formal, se legisla sobre materia tributaria. Este razonamiento [se incluyó] de manera expresa en la constitución de 1993”.
Es decir, de acuerdo a Burgos, los convenios de estabilidad jurídica serían inconstitucionales, pues el Ejecutivo (según la Constitución del 79, vigente en el momento en que se promulgó la polémica norma, y la del 93), no puede normar en materia tributaria.
Lamentablemente, como el mismo Burgos indica, hoy no se puede impugnar esta norma, dado que los plazos para efectuar este procedimiento se han vencido largamente.
Sin embargo, este análisis legal sirve para señalar el origen inconstitucional de estos convenios y el ilegal proceder del gobierno fujimorista. Además demuestra que estos contratos se suscribieron sin el debido debate público. Por lo tanto, las personas, que se verían afectadas por las concesiones que allí se dejaban sentadas no pudieran oponerse a ellas. En suma, los convenios son ilegales, se firmaron en secreto y así se mantuvieron a pesar de la inconstitucionalidad de este proceder.
La polémica privatización del Complejo Metalúrgico de La Oroya
La polémica privatización del Complejo Metalúrgico de La Oroya
Hacia 1997, el impulso privatizador disminuyó debido a que por entonces quedaban pocas empresas atractivas para los inversionistas. Una de ellas era CENTROMIN PERÚ (que estaba formado por el Complejo Metalúrgico de La Oroya, varios yacimientos y otras instalaciones), la cuál fue ampliamente ofrecida, pero con escasa suerte. De hecho cuando se intentó privatizarla no se presentaron postores. Así informó de este hecho, El Comercio:
El Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada (Cepri) de la Empresa Minera del Centro del Perú (Centromín) declaró ayer desierta la subasta de dicha entidad, debido a que los cinco postores interesados en el proceso de transferencia desistieron de presentar los sobres de información técnica, credenciales y una carta fianza por el valor de 5 millones de dólares. (El Comercio 11/05/1994. p B6).
El Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada (Cepri) de la Empresa Minera del Centro del Perú (Centromín) declaró ayer desierta la subasta de dicha entidad, debido a que los cinco postores interesados en el proceso de transferencia desistieron de presentar los sobres de información técnica, credenciales y una carta fianza por el valor de 5 millones de dólares. (El Comercio 11/05/1994. p B6).
Frente a esta situación, el Gobierno decidió dividir la mencionada corporación en unidades independientes para privatizarlas por separado Por ello, el Complejo Metalúrgico pasó a ser llamado METALOROYA para ser vendido como una compañía autónoma.
Desde un principio la venta del Complejo fue visto como una manera de reflotar la empresa y solucionar los problemas ambientales que padecía La Oroya. Así lo expresaron los funcionarios encargados de la privatización como consta en El Comercio, cuando informó sobre el mecanismo de adquisición de la mencionada compañía.
“En este caso no se trata de la venta de la empresa, sino de un proceso mediante el cual el Estado busca un socio que aporte, en base a una valorización del complejo, una suma que formará parte del aumento de capital que requiere. A través de este mecanismo, el inversionista privado tendrá como mínimo el 51 % de las acciones de La Oroya Para este fin, el Cepri estableció que el precio base por ese porcentaje mínimo de acciones asciende a 70 millones de dólares, a los cuales se suma 120 millones de dólares como compromiso de inversión a ejecutarse en los próximos cinco años. Asimismo, el inversionista privado tendrá que asumir todo lo relacionado a las obligaciones que hay en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), cuya vigencias es de 10 años. El presidente del Cepri de Centromín, Juan Carlos Barcellos Milla, sostuvo que, a través de este sistema de privatización, "entrará dinero fresco a la empresa que será parte del patrimonio y utilizado para mejorar las operaciones y solucionar problemas ambientales, pues el dinero se queda en La Oroya". (El Comercio, 15/04/1997. p. E2. El subrayado es nuestro).
Antes de que fuera privatizado, en cumplimiento de las exigencias ambientales impuestas en 1993, CENTROMIN PERU tuvo que elaborar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el cuál fue presentado al Ministerio de Energía y Minas para su aprobación en 1996.
El objetivo del PAMA era establecer un proceso gradual para que las empresas que adquirieran las empresas mineras que estaban siendo privatizadas se adecuaran las viejas instalaciones a las normas ambientales contemporáneas.
El objetivo del PAMA era establecer un proceso gradual para que las empresas que adquirieran las empresas mineras que estaban siendo privatizadas se adecuaran las viejas instalaciones a las normas ambientales contemporáneas.
Este PAMA, solo, sería insuficiente para mejorar la delicada situación ambiental de La Oroya, pero en el contrato se requería también el cumplimiento de un PLAN DE MODERNIZACIÓN. Ambos (PAMA y PLAN DE MODERNIZACIÓN) sumaban 300 millones de dólares. De haberse cumplido con el PLAN DE MODERNIZACIÓN el PAMA hubiera sido más que suficiente.
METALOROYA salió a remate en 1997.
METALOROYA salió a remate en 1997.
El 18 de abril de 1997, El Comercio informó que “Con una valorización de 185 millones de dólares, sobre un precio base de 75 millones, Industrias Peñoles S.A. ganó ayer el concurso público convocado para privatizar el complejo metalúrgico La Oroya (Metaloroya S.A.), de propiedad de la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. (Centromín)”.
Por razones que aún no se han explicado, Peñoles desistió de su oferta, por lo que la empresa que quedó en su lugar el Consorcio The Renco Group/The Doe Run Resources Corporation (Estados Unidos) se hizo del Complejo. Este Consorcio, creó la empresa Doe Run Perú para que se hiciera cargo de la administración de la compañía recientemente adquirida.
Las condiciones de compra se detallan en El Comercio del 24 de octubre del 97:
Ayer se firmó el contrato de transferencia del Complejo Metalúrgico de La Oroya (MetalOroya) a Doe Run Perú S.R.Ltda., empresa perteneciente al Grupo Renco de Estados Unidos, informó el Comité Especial de Privatización (Cepri) de Centromín. Para tal efecto, el inversionista norteamericano aportó al patrimonio de MetalOroya 126 millones de dólares, incluyendo una prima de emisión, con lo cual Doe Run asumió el 51 por ciento del capital del complejo. Asimismo, como Doe Run había decidido ostentar hasta el 100 por ciento del capital ampliado de MetalOroya, también abonó 121 millones de dólares al Estado para adquirir el íntegro de las acciones que éste poseía, menos aquellas adquiridas por los trabajadores luego de que ejercieran el derecho de preferencia que les concede la ley. De acuerdo con lo ofrecido por Doe Run, el compromiso de inversión para los próximos cinco años es de 120 millones de dólares, monto que se destinará a ampliar y modernizar la planta, incorporar nueva tecnología, instalar nuevas líneas de producción y dar cumplimiento al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que fuera aprobado por el Ministerio de Energía y Minas”. (El Comercio, 24/10/97. p. E02).
Ayer se firmó el contrato de transferencia del Complejo Metalúrgico de La Oroya (MetalOroya) a Doe Run Perú S.R.Ltda., empresa perteneciente al Grupo Renco de Estados Unidos, informó el Comité Especial de Privatización (Cepri) de Centromín. Para tal efecto, el inversionista norteamericano aportó al patrimonio de MetalOroya 126 millones de dólares, incluyendo una prima de emisión, con lo cual Doe Run asumió el 51 por ciento del capital del complejo. Asimismo, como Doe Run había decidido ostentar hasta el 100 por ciento del capital ampliado de MetalOroya, también abonó 121 millones de dólares al Estado para adquirir el íntegro de las acciones que éste poseía, menos aquellas adquiridas por los trabajadores luego de que ejercieran el derecho de preferencia que les concede la ley. De acuerdo con lo ofrecido por Doe Run, el compromiso de inversión para los próximos cinco años es de 120 millones de dólares, monto que se destinará a ampliar y modernizar la planta, incorporar nueva tecnología, instalar nuevas líneas de producción y dar cumplimiento al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que fuera aprobado por el Ministerio de Energía y Minas”. (El Comercio, 24/10/97. p. E02).
Queda claro, que el cumplimiento del PAMA se mantuvo como una prioridad. Sin embargo, como se ha podido descubrir, en la firma del contrato entre el Estado y Doe Run para el traspaso de MetalOroya se cambiaron varias cláusulas sobre la forma de aplicación del Programa de Adecuación Ambiental.
Transcribimos aquí parte del análisis que ha efectuado Patrick Burgos sobre este delicado aspecto:
“Evaluada la documentación referida al proceso de contratación pública para licitar la Empresa Metalúrgica de La Oroya S.A. – METALOROYA (Concurso PRI-16-97), que finalizó, primero, con el otorgamiento de la buena pro a la empresa Peñoles y, finalmente a Doe Run Minning, el convenio de estabilidad jurídica, así como el marco legislativo vigente, se ha podido realizar las siguientes constataciones:
Contradicción en el tratamiento financiero del PAMA.
“Evaluada la documentación referida al proceso de contratación pública para licitar la Empresa Metalúrgica de La Oroya S.A. – METALOROYA (Concurso PRI-16-97), que finalizó, primero, con el otorgamiento de la buena pro a la empresa Peñoles y, finalmente a Doe Run Minning, el convenio de estabilidad jurídica, así como el marco legislativo vigente, se ha podido realizar las siguientes constataciones:
Contradicción en el tratamiento financiero del PAMA.
Según los términos del Contrato modelo que obra en las bases del concurso público en el que se adjudicó, finalmente, la buena pro a Doe Run, los expendios que se realicen para ejecutar el PAMA no son inversión, principalmente por el modo diferenciado en el que se ubican dichos conceptos en el contrato mismo (cláusulas cuarta y quinta del contrato de transferencia de acciones y otros).
Sin embargo, la entidad licitante emite una opinión formal según la cual considera los gastos de ejecución del PAMA como inversión (respuesta de CEPRI-CENTROMIN a la consulta N° 28), y como tal imputable al monto a desembolsar por la empresa.
Variaciones entre el contrato adjunto a las bases y el contrato finalmente suscrito en lo referente a las responsabilidades ambientales de la empresa.
Los esfuerzos de Doe Run para mostrarse como protectora del medio ambiente
Cuando Doe Run Perú inició sus actividades se preocupó por mostrarse como una empresa minera moderna, que era consciente de su obligación de cuidar el medio ambiente. Durante los primeros años intento construir esta imagen, pero hacia el 2003, empezó a aparecer el verdadero rostro de esta corporación. Así lo demuestra la cobertura de la prensa nacional.
En la edición de El Comercio del 3 de setiembre de 1998 se publicó un artículo titulado: “Descontaminarán La Oroya con inversión de $ 161 millones”. En la citada nota se señalaba:
“La empresa minera Doe Run División invertirá desde este año 161 millones de dólares para realizar obras de descontaminación y recuperación del medio ambiente hasta el año 2007, informó el gerente de operaciones Juan Carlos Huyhua. Dentro del Programa de Adecuación y manejo Ambiental (PAMA) en que se ha comprometido la empresa se incluyen proyectos para el tratamiento de aguas industriales, aguas servidas, así como para la instalación de plantas que eviten la salida de residuos de ácido sulfúrico que contaminen el ambiente. A ello se agregan los proyectos de reforestación, instalación de áreas verdes y la mejora de la tecnología de refinamiento de metales que se realiza en las plantas de la ciudad de La Oroya, a fin de que se eviten mayores grados de polución. Los 161 millones de dólares se invertirán gradualmente en un período de 10 años, desde 1998 hasta el 2007 y el programa ya se inició con la mejora de las condiciones de las instalaciones de las refinerías, instalando áreas verdes, asimismo con la instalación de un gran parque en donde anteriormente se encontraban viviendas para los trabajadores”. (El Comercio, 03/09/1998, E3).
“La empresa minera Doe Run División invertirá desde este año 161 millones de dólares para realizar obras de descontaminación y recuperación del medio ambiente hasta el año 2007, informó el gerente de operaciones Juan Carlos Huyhua. Dentro del Programa de Adecuación y manejo Ambiental (PAMA) en que se ha comprometido la empresa se incluyen proyectos para el tratamiento de aguas industriales, aguas servidas, así como para la instalación de plantas que eviten la salida de residuos de ácido sulfúrico que contaminen el ambiente. A ello se agregan los proyectos de reforestación, instalación de áreas verdes y la mejora de la tecnología de refinamiento de metales que se realiza en las plantas de la ciudad de La Oroya, a fin de que se eviten mayores grados de polución. Los 161 millones de dólares se invertirán gradualmente en un período de 10 años, desde 1998 hasta el 2007 y el programa ya se inició con la mejora de las condiciones de las instalaciones de las refinerías, instalando áreas verdes, asimismo con la instalación de un gran parque en donde anteriormente se encontraban viviendas para los trabajadores”. (El Comercio, 03/09/1998, E3).
Luego de un año, el diario Gestión exhibía un titular casi idéntico: “Doe Run invertiría US$ 168 millones en proyecto de medio ambiente”. En el artículo se detallaba el plan de inversiones:
“Doe Run Perú, minera ubicada en La Oroya, tiene compromisos de inversión en la planta de la mina por US$ 304 millones, monto en el cual se incluyen los recursos destinados a los proyectos del Programa de Adecuación al Medio Ambiente (PAMA). El saldo, es decir US$ 132 millones, serán utilizados en la modernización de la tecnología de la planta”. (Gestión, 23/12/1999)
“Doe Run Perú, minera ubicada en La Oroya, tiene compromisos de inversión en la planta de la mina por US$ 304 millones, monto en el cual se incluyen los recursos destinados a los proyectos del Programa de Adecuación al Medio Ambiente (PAMA). El saldo, es decir US$ 132 millones, serán utilizados en la modernización de la tecnología de la planta”. (Gestión, 23/12/1999)
Durante los siguientes años, los funcionarios de esta minera siguieron proyectando una imagen de fieles cumplidores de sus obligaciones con el medio ambiente. En el 2000, luego de que el Consorcio Unión para el Desarrollo Sustentable (UNES) diera a conocer que los pobladores de La Oroya respiraban un aire con niveles alarmantes de plomo y que la población se hallaba severamente contaminada (como ya se mencionó, los resultados en mujeres gestantes arrojaron un promedio de contaminación de 39,49% y en los niños fue de 41,82 mg/dl miligramos por decilitro (mg/dl) de sangre, ambos por por encima de lo previsto por la Organización Mundial de la Salud), los ejecutivos de la compañía en cuestión, actuaron con suma moderación. Incluso señalaron que estaban dispuestos a trabajar con UNES.
“El funcionario de Doe Run Perú dijo que la muestra de UNES se hizo sobre un universo pequeño (48 gestantes y 30 niños), a diferencia de las realizadas por la minera. "De los 2.100 análisis, se han obtenido 1.985 resultados: 109 correspondieron a niños de cero a seis años (con 17,68% microgramos de plomo por 100 mililitros de sangre), 392 a menores de siete a 15 años (con 15,67% de mg/100 ml) y 1.484 a personas mayores de 15 años (con 14,28 mg/100 ml). Todos estos índices están por debajo de los límites que prevé la legislación peruana", enfatizó Mogrovejo. Refirió que la minera lleva adelante un programa de prevención de salud en la población de La Oroya y que el objetivo es hacer análisis en cinco mil personas (para una población de 50 mil habitantes), lo que permitirá tener una buena muestra para mitigar los efectos de la contaminación por plomo. El directivo recordó que Doe Run Perú ejecuta, desde hace tres años, el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y que todavía tiene un plazo de siete años para cambiar toda su tecnología, de manera que los niveles de contaminación disminuyan drásticamente. Entre las obras previstas se encuentran: tratamiento de afluentes líquidos, manipulación y almacenamiento de residuos sólidos, compactación de tecnologías para centrar los gases de ácido sulfúrico y construcción de una planta de ácido sulfúrico para procesar los gases concentrados. "Nosotros estamos dispuestos a trabajar incluso con la gente de UNES, pues, al igual que ellos, velamos por el bienestar de la población de La Oroya", subrayó. (El Comercio 21/07/2000 p. A12).
Luego de las publicaciones de estos artículos Doe Run lanzó a los cuatro vientos que iniciaría una activa campaña de reforestación en las inmediaciones de La Oroya. Tal anuncio le valió un halagador editorial de El Comercio.
“Un claro ejemplo de compromiso con la mejora del medio ambiente y la calidad de vida de las poblaciones están dando algunas empresas mineras que han puesto en marcha un agresivo plan de reforestación en La Oroya. El objetivo es revertir los perniciosos efectos contaminantes de más de cien años de explotación minera. Según se ha anunciado, la siembra de 34.000 plantones, dispuesta por la compañía Doe Run Perú, es el inicio de un ambicioso plan que pretende llegar a 100 mil plantones en el próximo diciembre. Asimismo, se ha procedido ya a la siembra de variedades ornamentales y reforestadoras, tanto en la parte alta y la periferia de la ciudad, cuanto en las bermas de la Carretera Central, en seis parques y en varios colegios. Es saludable y hasta exigible que la actividad económica vaya de la mano con la preocupación por el ambiente y el ecosistema. Ojalá que estas acciones bajo comentario sean imitadas por otras empresas, no sólo del sector minero sino en general dedicadas a la explotación industrial. (El Comercio, 04/02/2001. p. A27).
Para mediados del 2003, los funcionarios de Doe Run insistían en que cumpliría a toda costa con el PAMA. En mayo de ese año, El Comercio en una nota titulada “En El 2006 Doe Run Terminara Plan Ambiental”, informó que:
“El vicepresidente corporativo de Asuntos Ambientales de Doe Run, José Mogrovejo, señala que desde que la empresa compró la fundición en 1997 están cumpliendo cabalmente con el plan ambiental al que se comprometió. Hasta el año 2002 han invertido 40 millones de dólares para el control ambiental, pero adicionalmente han desembolsado por su cuenta otros 80 millones de dólares para ejecutar los proyectos de modificación de sus operaciones que ayuden a contrarrestar la emisión de plomo. Mogrovejo explicó que en los últimos cinco años han reducido en 28% las emisiones de plomo que emite la chimenea principal de la fundición y han disminuido en 25% la contaminación en la sangre. "No podemos decir que el plomo desaparecerá porque eso no es posible, pero sí esperamos llegar al límite permisible de 25 miligramos por cada metro cúbico. Todavía estamos un poco por encima", precisó el directivo. Doe Run debe terminar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en el 2006 y - según sostienen- de todas maneras alcanzará el límite permisible de plomo. "Cuando terminemos el PAMA en el 2006, vamos a tener que seguir trabajando con la gente porque el problema del plomo no va a acabar. No existe la emisión cero. Si mañana parásemos las operaciones de la fundición la contaminación seguirá permaneciendo porque desde hace muchos años hay fuentes de plomo incluso en el suelo de la fundición", dice Mogrovejo”. (El Comercio, 24/05/2003. p B03).
“El vicepresidente corporativo de Asuntos Ambientales de Doe Run, José Mogrovejo, señala que desde que la empresa compró la fundición en 1997 están cumpliendo cabalmente con el plan ambiental al que se comprometió. Hasta el año 2002 han invertido 40 millones de dólares para el control ambiental, pero adicionalmente han desembolsado por su cuenta otros 80 millones de dólares para ejecutar los proyectos de modificación de sus operaciones que ayuden a contrarrestar la emisión de plomo. Mogrovejo explicó que en los últimos cinco años han reducido en 28% las emisiones de plomo que emite la chimenea principal de la fundición y han disminuido en 25% la contaminación en la sangre. "No podemos decir que el plomo desaparecerá porque eso no es posible, pero sí esperamos llegar al límite permisible de 25 miligramos por cada metro cúbico. Todavía estamos un poco por encima", precisó el directivo. Doe Run debe terminar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en el 2006 y - según sostienen- de todas maneras alcanzará el límite permisible de plomo. "Cuando terminemos el PAMA en el 2006, vamos a tener que seguir trabajando con la gente porque el problema del plomo no va a acabar. No existe la emisión cero. Si mañana parásemos las operaciones de la fundición la contaminación seguirá permaneciendo porque desde hace muchos años hay fuentes de plomo incluso en el suelo de la fundición", dice Mogrovejo”. (El Comercio, 24/05/2003. p B03).
Todos estos anuncios, como se revelaría luego del 2004, eran en realidad una campaña de relaciones públicas, pues a lo largo de ese tiempo Doe Run incumplió sistemáticamente con los compromisos ambientales contemplados en el contrato que firmó con el Estado cuando adquirió MetalOroya. Es decir, a lo largo de siete años descuidó intencionalmente la implementación del PAMA.
La escandalosa campaña de Doe Run para ampliar su PAMA
A partir del 2004, Doe Run inicia una campaña para solicitar que se le amplíe el PAMA (que vencía el 2007) al 2010. Tal situación generó el inmediato rechazo de un sector de La Oroya, de las ONGs ambientalistas, de la Iglesia, la prensa nacional y algunos funcionarios probos del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
A partir del 2004, Doe Run inicia una campaña para solicitar que se le amplíe el PAMA (que vencía el 2007) al 2010. Tal situación generó el inmediato rechazo de un sector de La Oroya, de las ONGs ambientalistas, de la Iglesia, la prensa nacional y algunos funcionarios probos del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Ante los insistentes rumores de que la compañía pediría una ampliación de su PAMA, el entonces Ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría, declaró en el Congreso que "el Gobierno Peruano no puede extender el plazo para el cumplimiento del plan ambiental de la filial local de la minera estadounidense Doe Run Corporation ubicada en La Oroya ( ... ) Nos reuniremos las veces que sean necesarias para analizar este asunto. Pero el marco legal vigente es el que tiene que cumplirse", añadió. Quijandría señaló que el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de Doe Run tiene un avance de 23%, luego de transcurrido el 70% del plazo establecido”. (El Comercio, 16/04/2004. p. B02. El subrayado es nuestro).
Quedaba claro, que para ese entonces, el Ministerio de Energía y Minas estaba al tanto de que la minera venía incumpliendo el PAMA. Sin embargo, el 31 de octubre de ese mismo año, Jaime Quijandría, renunció a su despacho para ir a ocupar un asiento en el directorio del Banco Mundial. En su reemplazo ingresó Glodimiro Sánchez, un desconocido congresista del, por aquella época, partido oficialista (Perú Posible).
A un mes y medio de este estratégico cambio ministerial, Doe Run desencadenó una feroz y bien orquestada operación para conseguir la modificación de su PAMA. El Comercio dio cuenta de ese hecho de la siguiente manera:
“Como parte de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) suscrito con el Gobierno, la minera Doe Run debería invertir hasta el 2006 unos US$115 millones en la construcción de una planta de ácido sulfúrico; sin embargo, la empresa no estaría actualmente en situación de hacer tal inversión. Así lo dio a conocer Bruce Neils, presidente de la empresa, quien informó ante la subcomisión de PAMA del Congreso que han solicitado al Gobierno una ampliación que apunta a cumplir sus compromisos ambientales hacia el 2011. El ejecutivo señaló que se espera encontrar una solución técnico- legal que posibilite a la empresa a cumplir sus compromisos y a la vez que permita desarrollar una solución integral al problema de contaminación en su zona de operación: La Oroya. (El Comercio, 17/11/2004. p B03. El subrayado es nuestro).
“Como parte de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) suscrito con el Gobierno, la minera Doe Run debería invertir hasta el 2006 unos US$115 millones en la construcción de una planta de ácido sulfúrico; sin embargo, la empresa no estaría actualmente en situación de hacer tal inversión. Así lo dio a conocer Bruce Neils, presidente de la empresa, quien informó ante la subcomisión de PAMA del Congreso que han solicitado al Gobierno una ampliación que apunta a cumplir sus compromisos ambientales hacia el 2011. El ejecutivo señaló que se espera encontrar una solución técnico- legal que posibilite a la empresa a cumplir sus compromisos y a la vez que permita desarrollar una solución integral al problema de contaminación en su zona de operación: La Oroya. (El Comercio, 17/11/2004. p B03. El subrayado es nuestro).
Como demuestra la cita previa, a los 45 días de la salida de Quijandría del Ministerio de Energía y Minas, la posición del mencionado órgano se había flexibilizado considerablemente.
Inmediatamente, la minera echó a andar su maquinaria propagandística para presionar al Gobierno y a la opinión pública. El 24 de noviembre, El comercio y otros diarios señalaban que en La Oroya circulaba el rumor de que la empresa estadounidense cerraría sus operaciones sino se le concedía la prórroga para implementar el PAMA. Doe Run argüía, entonces que:
“le era imposible afrontar una inversión de US$1 10 millones para la construcción de una planta de ácido sulfúrico ( ... ) Así, en las últimas horas trascendió que los directivos de la transnacional, con sede en Misouri (EE.UU.), habrían decidido solo operar unas semanas más y en las próximas horas arribarían al Perú altos ejecutivos y funcionarios de Doe Run para entablar las primeras conversaciones con el Gobierno” (El Comercio, 24/11/2004. p. B02).
“le era imposible afrontar una inversión de US$1 10 millones para la construcción de una planta de ácido sulfúrico ( ... ) Así, en las últimas horas trascendió que los directivos de la transnacional, con sede en Misouri (EE.UU.), habrían decidido solo operar unas semanas más y en las próximas horas arribarían al Perú altos ejecutivos y funcionarios de Doe Run para entablar las primeras conversaciones con el Gobierno” (El Comercio, 24/11/2004. p. B02).
Pero los rumores de cierre no estaban destinados a atemorizar al gobierno. En realidad, como ya se señaló, los nuevos funcionarios del MEM estaban dispuestos a otorgarle la prórroga. Se necesitaba, sin embargo, un justificativo social. Es por ello, que Doe Run se ganó al alcalde de La Oroya Clemente Quincho para efectuar una serie de movilizaciones que exigieran la ampliación del PAMA.
“Los habitantes de La Oroya realizarán el 6 y 7 de diciembre próximo un paro y bloqueo de carreteras si es que el Gobierno no decide ampliar el plazo a la empresa estadounidense Doe Run para que cumpla con el plan ambiental para la zona. Así lo dio a conocer el alcalde de esa localidad, Clemente Quincho, quien afirmó que la medida tiene como fin proteger el trabajo de miles de personas que dependen indirectamente de las actividades que realiza la minera estadounidense”. El Comercio, 26/11/2004. p. A14).
Los primeros días de diciembre se filtró a la prensa de que el gobierno estaba por dar un decreto para salvar el impase con Doe Run. El Comercio, el 3 de diciembre anuncia este hecho bajo el sugestivo título: “¿Decreto a la medida?”
Tres días después, La Oroya fue paralizada por un paro de 48 horas, el cual estuvo organizado y encabezado por el alcalde Clemente Quincho. El resultado de esta medida de fuerza: dos muertos, varios heridos y la paralización total del tráfico por la estratégica Carretera Central. (El Comercio 7-9 de diciembre del 2004).
Las relaciones entre Quincho y Doe Run están bajo sospecha. Diversos diarios locales y nacionales denunciaron este extraño “matrimonio” y la posición del alcalde que parecía estar más interesado en defender a la minera que a su pueblo.
Las relaciones entre Quincho y Doe Run están bajo sospecha. Diversos diarios locales y nacionales denunciaron este extraño “matrimonio” y la posición del alcalde que parecía estar más interesado en defender a la minera que a su pueblo.
Un decreto a la medida
El paro le dio el pretexto que precisaba el gobierno para publicar un proyecto de decreto (el cual sería luego el Decreto Supremo 046-2004-EM), mediante el cual se permite a las empresas postergar los PAMA si la población y las autoridades que se encuentran en las inmediaciones de los asientos mineros así lo pide.
El paro le dio el pretexto que precisaba el gobierno para publicar un proyecto de decreto (el cual sería luego el Decreto Supremo 046-2004-EM), mediante el cual se permite a las empresas postergar los PAMA si la población y las autoridades que se encuentran en las inmediaciones de los asientos mineros así lo pide.
Un Decreto a la medida que el gobierno justificó aduciendo que once empresas se encontraban en idéntica situación. La norma era un despropósito, pues el Estado voluntariamente renunciaba a su labor de fiscalización técnica. La medida, en realidad, abría las posibilidades de manipulación, chantaje y hasta corrupción de las autoridades locales que dependen económicamente de las mineras.
De hecho, el Decreto y la actitud de Doe Run de escudarse en los ciudadanos de La Oroya, para incumplir con el contrato que tenía con el Estado, polarizó enormemente a la ciudad.
Llama la atención que Doe Run haya recurrido a todas estas artimañas para ampliar su plan de manejo ambiental, pues el 2002 dejó pasar la oportunidad de solicitar una prórroga. Efectivamente, el citado año, el MEM publicó el Decreto Supremo 022-2002-EM, el cual facultaba a las mineras modificar sus PAMA pendientes si consideraban que el plazo que tenían era insuficiente.
De las 60 unidades mineras con PAMA por culminar, se acogieron 15, y el MEM les otorgó un plazo de entre 12 y 18 meses adicionales para que cumplan con sus programas ambientales. Doe Run, la empresa con uno de los mayores compromisos (US$173,9 millones), no se acogió a esta ampliación, pese a que, según analistas, era una de las más indicadas para hacerlo. (El Comercio).
En esa oportunidad José Mogrovejo, vicepresidente de Asuntos Ambientales de Doe Run, señaló a El Comercio, que no se acogieron al 022 por que “el plazo era muy corto, razón por la cual la minera no tomó en consideración esta propuesta. Sin embargo, los funcionarios del MEM consultados señalan que de haberlo hecho, la minera hubiese tenido como plazo hasta el 2009 para cumplir con sus compromisos pendientes”. (El Comercio, 17/12/2004. p.B01).
Finalmente, tras varias semanas de tensión, en la que se sucedieron los paros en La Oroya, el 30 de diciembre del 2004, el gobierno promulgó el Decreto Supremo 044-2004-EM, en el que se contenían todas las facilidades que la controvertida minera esperaba.
Aunque, sus funcionarios han debido festejar la publicación de esta norma, Doe Run se tomó un tiempo para realizar su solicitud formalmente. Recién el 20 de diciembre del 2005, la compañía solicitó al Ministerio de Energía y Minas ampliar su PAMA hasta fines del 2010.
Aunque, sus funcionarios han debido festejar la publicación de esta norma, Doe Run se tomó un tiempo para realizar su solicitud formalmente. Recién el 20 de diciembre del 2005, la compañía solicitó al Ministerio de Energía y Minas ampliar su PAMA hasta fines del 2010.
Doe Run consigue ampliar su Pama
El MEM demoró en tomar una decisión definitiva sobre el pedido de Doe Run, debido a la fuerte presión pública (de la prensa, un sector de la población de La Oroya y las ONGs ambientalistas). Pero, tras casi año y medio, el 29 de mayo del 2006, se aprobó la ampliación del PAMA de esta compañía mediante Resolución Ministerial 257-2006-MEM/DM.
El MEM demoró en tomar una decisión definitiva sobre el pedido de Doe Run, debido a la fuerte presión pública (de la prensa, un sector de la población de La Oroya y las ONGs ambientalistas). Pero, tras casi año y medio, el 29 de mayo del 2006, se aprobó la ampliación del PAMA de esta compañía mediante Resolución Ministerial 257-2006-MEM/DM.
Previamente, el 17 de febrero del 2006, el Ministerio efectuó 90 observaciones a la solicitud de la minera y decidió que la ampliación solo podría ser por tres años más. En marzo de ese año, Doe Run acepta esta condición y proporciona más información al MEM.
En resumen, la Resolución Ministerial 257-2006-MEM/DM le otorga a Doe Run tres años de plazo para cumplir con su PAMA (se vence en diciembre del 2009), pero para ello en treinta días la empresa debía firmar fideicomiso con el MEM para asegurar las inversiones que tendría que hacer para mejorar la condición ambiental de La Oroya: la construcción de tres plantas de ácido sulfúrico que evitarán la propagación de los gases con contenido sulfuroso sobre la ciudad (una inversión de entre US$ 152 y 172 millones).
¿Por qué no se le debió otorgar la ampliación a Doe Run?
Este es un somero análisis de las razones por las cuales a Doe Run no se le debió otorgar el PAMA. (Los tres primeros aspectos los analizaremos detenidamente, más adelante).
Este es un somero análisis de las razones por las cuales a Doe Run no se le debió otorgar el PAMA. (Los tres primeros aspectos los analizaremos detenidamente, más adelante).
Primero: El gobierno autorizó la ampliación del PAMA sin considerar el historial de incumplimientos acumulados por la empresa. A pedido suyo, su PAMA fue modificado hasta en cuatro oportunidades anteriores (en 1997, 1999, 2001 y 2002), y una última solicitud de modificación presentada el 2003 fue rechazada por el Ministerio de Energía y Minas.
Segundo: No se tomo en cuenta que Doe Run había realizado una serie de operaciones financieras sumamente polémicas que fueron la verdadera causa que le impidió solventar los gastos para reducir la contaminación de La Oroya.
Tercero: Se obvio la delicada situación ambiental de La Oroya. Diversos informes señalan fehacientemente que la situación es insostenible (e irrespirable), pero este tema poco o nada le importó al gobierno, que prefirió proteger a la Doe Run antes que a los pobladores.
Cuarto: Desde el punto de vista legal, no había justificación alguna para entregarle la ampliación. Tan era así, que se tuvo que crear un nuevo marco normativo para que esta empresa cumpliera con los compromisos que había asumido a la hora de adquirir MetalOroya, como hemos visto líneas arriba.
Quinto: Habría que señalar que la actitud de la minera de polarizar a la población de La Oroya para conseguir sus fines y chantajear al gobierno con cerrar sus operaciones, eran suficientes argumentos como para denunciar a los funcionarios de esta empresa por prácticas indebidas.
Segundo: No se tomo en cuenta que Doe Run había realizado una serie de operaciones financieras sumamente polémicas que fueron la verdadera causa que le impidió solventar los gastos para reducir la contaminación de La Oroya.
Tercero: Se obvio la delicada situación ambiental de La Oroya. Diversos informes señalan fehacientemente que la situación es insostenible (e irrespirable), pero este tema poco o nada le importó al gobierno, que prefirió proteger a la Doe Run antes que a los pobladores.
Cuarto: Desde el punto de vista legal, no había justificación alguna para entregarle la ampliación. Tan era así, que se tuvo que crear un nuevo marco normativo para que esta empresa cumpliera con los compromisos que había asumido a la hora de adquirir MetalOroya, como hemos visto líneas arriba.
Quinto: Habría que señalar que la actitud de la minera de polarizar a la población de La Oroya para conseguir sus fines y chantajear al gobierno con cerrar sus operaciones, eran suficientes argumentos como para denunciar a los funcionarios de esta empresa por prácticas indebidas.
A pesar de todo lo arriba señalado, el gobierno decidió premiar a Doe Run. Las razones: el aparente copamiento que hizo esta minera de las diferentes instituciones estatales que debían velar por los intereses de los ciudadanos. Aunque este aspecto, es aún materia de investigación, creemos que existen suficientes indicios como para señalar que mediante diferentes argucias la minera logró colocar en puestos claves a varios funcionarios de su entorno para que la favorecieran.
Los incumplimientos de Doe Run
Como se puede apreciar, para el 2004, quedaba claro que Doe Run Perú no había cumplido con sus obligaciones. A pesar de ello, el Ministerio de Energía y Minas que debía velar por que estos compromisos se respetaran no había tomado las previsiones respectivas. Es más no había sancionado a la minera por sus faltas. María Chappuis en la carta citada, señala expresamente que:
“Desde que DRP asumió las operaciones de la fundición de La Oroya no ha sido multada por incumplimiento de los Proyectos PAMA. Las únicas multas que recibió fue en 2003 y 2004, de 10 Unidades Impositivas Tributarias cada una por no presentar información. Esto sucedió, por que la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) emitió resoluciones directorales que redujeron los montos comprometidos de inversión PAMA del año en curso (2004) e inclusive del año anterior. En el cuadro siguiente se puede comparar la fecha de emisión de la resolución directoral que modifica el compromiso de inversión de Doe Run”.
Chapuiss señala categóricamente que “estas modificatorias no tienen sustento técnico económico, social, ecológico y ambiental que exige el artículo 17 del Decreto Supremos 016-93-EM”. Es decir fueron directivas ilegales que se emitieron para proteger a Doe Run.
Las cuestionables maniobras financieras
A pedido del MEM la universidad ESAN, preparó un estudio donde se detallan el historial financiero y económico de Doe Run: Aquí los adjuntamos para tener un rápido panorama de la forma en que esta empresa se desempeñó en el Perú:
· El 8 de setiembre de 1997 se constituye Doe Run Perú (DRP). El 99,9% de
· acciones pertenecen a Doe Run Mining (DRM).
· El 16 de octubre de 1997 se aprueba el PAMA para Metaloroya, empresa
· subsidiaria de Centromín. Consistía en una inversión de US$ 131.74 millones dividido en US$ 24.17 de pasivos ambientales a cargo de Metaloroya y US$ 107.58 a cargo del nuevo propietario. Este PAMA contemplaba 9 proyectos.
· El 23 de octubre de 1997 DRP compra Metaloroya comprometiéndose a
· ejecutar las inversiones del PAMA en un plazo de 10 años (vencimiento 7
· de enero del 2007). El contrato requirió de un aumento de capital de US$ 126.5 millones por 51 % de acciones y un pago de US$ 121.4 millones por la transferencia del 49% restante. DRP presta US$ 125 millones a DRM.
· El 3 de noviembre de 1997 se fusiona DRP con Metaloroya mediante el método de compra. Asimismo, se revalorizan los activos de US$ 42.6 a US$ 212.1 millones.
· El 12 de marzo de 1998 DRM se presta US$ 125 millones de la banca
· comercial.
· El 11 de junio de 1998 DRP suscribe un contrato de préstamo revolvente
· con el BCP hasta de US$ 40 millones.
· El 20 de enero de 1999 DRP asume un contrato de retroarrendamiento financiero para instalar la Planta de Oxígeno N° 2 de US$ 17.162 millones.
· El 1° de marzo de 1999 DRP se fusiona con Cobriza. De 648’678,241 participaciones pasa a tener 729’548,057 participaciones de 1 sol cada una.
· El 1 ° de mayo de 1999 DRP suscribe un contrato de retroarrendamiento financiero para adquirir computadoras por US$ 1.36 millones.
· El 1° de noviembre de 1999 DRP se fusiona con Doe Run Air (DRA), pasando a tener 729,548,157 participaciones de 1 sol cada una.
· El 20 de noviembre del 2000 DRP presta US$ 7.5 millones, sin interés, a DRM.
· El 1 ° de junio del 2001 DRP y DRM se fusionan. Se redujo capital de DRP porque se consolidó cuenta de Capital Social de DRP y cuenta de inversiones de DRM. El principal activo de DRM fue la inversión en DRP y su principal pasivo fue el préstamo de US$ 125 millones del 12 de marzo de 1998 con vencimiento el 12 de marzo del 2005. El capital de DRP pasa de US$ 432.435 millones a US$ 159.1 millones representado por 15,912’083,739 acciones de US$ 0,01 cada una.
· El 12 de setiembre del 2002 Doe Run Resource (DRR) cancela la deuda de US$ 125 millones asumida por DRM en 1998. Por ello, DRP firma un pagaré intercompañía sin intereses por US$ 139.1 millones (principal + intereses acumulados y no pagados).
· El 1 ° de abril del 2003 DRP se fusiona con Doe Run Development (DRD).
· El 26 de diciembre del 2003 la SUNAT notificó a DRP una acotación relacionada al impuesto a la renta por US$ 9.0 millones.
· El 15 de noviembre del 2004 la SUNAT notificó a DRP una acotación relacionada al IGV por un monto de US$ 38.98 millones.
El 23 de diciembre del 2004 la SUNAT notificó a DRP una acotación relacionada al impuesto a la renta por US$ 96.57 millones.
Esta apretada síntesis cobra sentido si se lee la edición del 30 de enero del 2006 de El Comercio. En su suplemento económico Día1, este diario publicó un pormenorizado artículo sobre la situación financiera de Doe Run y las diversas maniobras que llevaron a esta compañía a una delicada situación económica. Líneas abajo lo reseñamos.
“( ... ) En 1997, tras un intento fallido de venta de todo el complejo Centromín a la minera mexicana Peñoles, el comité especial formado para su privatización, tomó la
decisión de venderlo por partes. La fundición de La Oroya (adquirida como Empresa Metalúrgica de La Oroya-Metaloroya), encargada hasta ese entonces de procesar los concentrados de todo el complejo, fue adquirida por el grupo Doe Run por US$125 millones. Para ello, el grupo constituyó una subsidiaria: Doe Run Mining. En el primer año completo de operaciones de Metaloroya (1998), las cosas marcharon como los accionistas esperaban. Producto de la firma de contratos de agenciamiento de ventas al exterior, asesoría técnica y profesional, Metaloroya envió a varias empresas del grupo US$22 millones por "honorarios" (5% de los ingresos brutos de la empresa). Y a pesar de ello, generó una utilidad "extra" para el accionista de US$6,9 millones. Mantener ese nivel de retiro de fondos solo era posible en un contexto de crecimiento (prácticamente es una empresa de maquila que así como tiene ingresos altos, posee costos elevados). Pero los buenos vientos dejaron de soplar. Apenas un año después, en 1999, el entorno económico mundial les jugó una mala pasada. El precio internacional de los metales comenzó a caer y, por tanto, los volúmenes contratados para la fundición en Metaloroya se redujeron mientras los costos se incrementaban a razón de US$20 millones al año. Pero lejos de hacer ajustes para revertir la situación, los desembolsos por concepto de honorarios a las diferentes empresas del grupo no se redujeron hasta dos años después, en el 2001. Coincidentemente, en ese año, el auditor externo de la compañía, Caipo y Asociados (socio local de KPMG), incluyó en su reporte sobre los estados financieros de la empresa una sentencia poco alentadora: "la compañía enfrenta problemas de liquidez que originan una duda substancial sobre su posibilidad para continuar como un negocio en marcha". (Suplemento Día1 de El Comercio, 30/01/06. p:P16)”.
Adicionalmente a estos misteriosos pagos por honorarios a su matriz, Doe Run efectuó otras transferencias:
( ... )El destino de las obligaciones financieras, por las que DRP desembolsó US$18 millones anuales hasta el 2001, es aparentemente incierto y un tema que DRP debería aclarar. Pero podría estar relacionado con el préstamo que detallamos a continuación. Seis días después de comprar Metaloroya al Estado peruano, la flamante empresa del grupo Doe Run, en lugar de invertir en asegurar sus ingresos vía la integración de operaciones mineras o adelantar los proyectos de manejo ambiental a los que se había comprometido a desarrollar ( y que hoy son materia de discusión), le otorgó un préstamo en efectivo por US$125 millones a su accionista directo, Doe Run Mining. Coincidentemente, la suma era la misma que la que esta última pagó al Estado por Metaloroya unos días antes. ¿Acaso la matriz le estaba endilgando a Metaloroya el costo de su propia adquisición? Eso afirma un informe de la revista Vanity Fair. Lo curioso es que el préstamo no fue registrado contablemente como un activo de la empresa, que es la forma tradicional de hacerlo, sino que optó por registrarlo -en negativo- como parte del patrimonio. ¿Por qué?”
Los incumplimientos de Doe Run
Como se puede apreciar, para el 2004, quedaba claro que Doe Run Perú no había cumplido con sus obligaciones. A pesar de ello, el Ministerio de Energía y Minas que debía velar por que estos compromisos se respetaran no había tomado las previsiones respectivas. Es más no había sancionado a la minera por sus faltas. María Chappuis en la carta citada, señala expresamente que:
“Desde que DRP asumió las operaciones de la fundición de La Oroya no ha sido multada por incumplimiento de los Proyectos PAMA. Las únicas multas que recibió fue en 2003 y 2004, de 10 Unidades Impositivas Tributarias cada una por no presentar información. Esto sucedió, por que la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) emitió resoluciones directorales que redujeron los montos comprometidos de inversión PAMA del año en curso (2004) e inclusive del año anterior. En el cuadro siguiente se puede comparar la fecha de emisión de la resolución directoral que modifica el compromiso de inversión de Doe Run”.
Chapuiss señala categóricamente que “estas modificatorias no tienen sustento técnico económico, social, ecológico y ambiental que exige el artículo 17 del Decreto Supremos 016-93-EM”. Es decir fueron directivas ilegales que se emitieron para proteger a Doe Run.
Las cuestionables maniobras financieras
A pedido del MEM la universidad ESAN, preparó un estudio donde se detallan el historial financiero y económico de Doe Run: Aquí los adjuntamos para tener un rápido panorama de la forma en que esta empresa se desempeñó en el Perú:
· El 8 de setiembre de 1997 se constituye Doe Run Perú (DRP). El 99,9% de
· acciones pertenecen a Doe Run Mining (DRM).
· El 16 de octubre de 1997 se aprueba el PAMA para Metaloroya, empresa
· subsidiaria de Centromín. Consistía en una inversión de US$ 131.74 millones dividido en US$ 24.17 de pasivos ambientales a cargo de Metaloroya y US$ 107.58 a cargo del nuevo propietario. Este PAMA contemplaba 9 proyectos.
· El 23 de octubre de 1997 DRP compra Metaloroya comprometiéndose a
· ejecutar las inversiones del PAMA en un plazo de 10 años (vencimiento 7
· de enero del 2007). El contrato requirió de un aumento de capital de US$ 126.5 millones por 51 % de acciones y un pago de US$ 121.4 millones por la transferencia del 49% restante. DRP presta US$ 125 millones a DRM.
· El 3 de noviembre de 1997 se fusiona DRP con Metaloroya mediante el método de compra. Asimismo, se revalorizan los activos de US$ 42.6 a US$ 212.1 millones.
· El 12 de marzo de 1998 DRM se presta US$ 125 millones de la banca
· comercial.
· El 11 de junio de 1998 DRP suscribe un contrato de préstamo revolvente
· con el BCP hasta de US$ 40 millones.
· El 20 de enero de 1999 DRP asume un contrato de retroarrendamiento financiero para instalar la Planta de Oxígeno N° 2 de US$ 17.162 millones.
· El 1° de marzo de 1999 DRP se fusiona con Cobriza. De 648’678,241 participaciones pasa a tener 729’548,057 participaciones de 1 sol cada una.
· El 1 ° de mayo de 1999 DRP suscribe un contrato de retroarrendamiento financiero para adquirir computadoras por US$ 1.36 millones.
· El 1° de noviembre de 1999 DRP se fusiona con Doe Run Air (DRA), pasando a tener 729,548,157 participaciones de 1 sol cada una.
· El 20 de noviembre del 2000 DRP presta US$ 7.5 millones, sin interés, a DRM.
· El 1 ° de junio del 2001 DRP y DRM se fusionan. Se redujo capital de DRP porque se consolidó cuenta de Capital Social de DRP y cuenta de inversiones de DRM. El principal activo de DRM fue la inversión en DRP y su principal pasivo fue el préstamo de US$ 125 millones del 12 de marzo de 1998 con vencimiento el 12 de marzo del 2005. El capital de DRP pasa de US$ 432.435 millones a US$ 159.1 millones representado por 15,912’083,739 acciones de US$ 0,01 cada una.
· El 12 de setiembre del 2002 Doe Run Resource (DRR) cancela la deuda de US$ 125 millones asumida por DRM en 1998. Por ello, DRP firma un pagaré intercompañía sin intereses por US$ 139.1 millones (principal + intereses acumulados y no pagados).
· El 1 ° de abril del 2003 DRP se fusiona con Doe Run Development (DRD).
· El 26 de diciembre del 2003 la SUNAT notificó a DRP una acotación relacionada al impuesto a la renta por US$ 9.0 millones.
· El 15 de noviembre del 2004 la SUNAT notificó a DRP una acotación relacionada al IGV por un monto de US$ 38.98 millones.
El 23 de diciembre del 2004 la SUNAT notificó a DRP una acotación relacionada al impuesto a la renta por US$ 96.57 millones.
Esta apretada síntesis cobra sentido si se lee la edición del 30 de enero del 2006 de El Comercio. En su suplemento económico Día1, este diario publicó un pormenorizado artículo sobre la situación financiera de Doe Run y las diversas maniobras que llevaron a esta compañía a una delicada situación económica. Líneas abajo lo reseñamos.
“( ... ) En 1997, tras un intento fallido de venta de todo el complejo Centromín a la minera mexicana Peñoles, el comité especial formado para su privatización, tomó la
decisión de venderlo por partes. La fundición de La Oroya (adquirida como Empresa Metalúrgica de La Oroya-Metaloroya), encargada hasta ese entonces de procesar los concentrados de todo el complejo, fue adquirida por el grupo Doe Run por US$125 millones. Para ello, el grupo constituyó una subsidiaria: Doe Run Mining. En el primer año completo de operaciones de Metaloroya (1998), las cosas marcharon como los accionistas esperaban. Producto de la firma de contratos de agenciamiento de ventas al exterior, asesoría técnica y profesional, Metaloroya envió a varias empresas del grupo US$22 millones por "honorarios" (5% de los ingresos brutos de la empresa). Y a pesar de ello, generó una utilidad "extra" para el accionista de US$6,9 millones. Mantener ese nivel de retiro de fondos solo era posible en un contexto de crecimiento (prácticamente es una empresa de maquila que así como tiene ingresos altos, posee costos elevados). Pero los buenos vientos dejaron de soplar. Apenas un año después, en 1999, el entorno económico mundial les jugó una mala pasada. El precio internacional de los metales comenzó a caer y, por tanto, los volúmenes contratados para la fundición en Metaloroya se redujeron mientras los costos se incrementaban a razón de US$20 millones al año. Pero lejos de hacer ajustes para revertir la situación, los desembolsos por concepto de honorarios a las diferentes empresas del grupo no se redujeron hasta dos años después, en el 2001. Coincidentemente, en ese año, el auditor externo de la compañía, Caipo y Asociados (socio local de KPMG), incluyó en su reporte sobre los estados financieros de la empresa una sentencia poco alentadora: "la compañía enfrenta problemas de liquidez que originan una duda substancial sobre su posibilidad para continuar como un negocio en marcha". (Suplemento Día1 de El Comercio, 30/01/06. p:P16)”.
Adicionalmente a estos misteriosos pagos por honorarios a su matriz, Doe Run efectuó otras transferencias:
( ... )El destino de las obligaciones financieras, por las que DRP desembolsó US$18 millones anuales hasta el 2001, es aparentemente incierto y un tema que DRP debería aclarar. Pero podría estar relacionado con el préstamo que detallamos a continuación. Seis días después de comprar Metaloroya al Estado peruano, la flamante empresa del grupo Doe Run, en lugar de invertir en asegurar sus ingresos vía la integración de operaciones mineras o adelantar los proyectos de manejo ambiental a los que se había comprometido a desarrollar ( y que hoy son materia de discusión), le otorgó un préstamo en efectivo por US$125 millones a su accionista directo, Doe Run Mining. Coincidentemente, la suma era la misma que la que esta última pagó al Estado por Metaloroya unos días antes. ¿Acaso la matriz le estaba endilgando a Metaloroya el costo de su propia adquisición? Eso afirma un informe de la revista Vanity Fair. Lo curioso es que el préstamo no fue registrado contablemente como un activo de la empresa, que es la forma tradicional de hacerlo, sino que optó por registrarlo -en negativo- como parte del patrimonio. ¿Por qué?”
Para empeorar las cosas en mayo del 2001 se efectuó una extraña fusión entre Doe Run Perú y Doe Run Mining que dejó a la primera en muy mala situación:
“( ... ) cuando era evidente que los ingresos de la empresa no le permitirían mantener un nivel de pago de honorarios tan alto, Doe Run Perú (que fue como se renombró a Metaloroya y al resto de empresas del grupo en el país) se fusionó con Doe Run Mining. Gracias a ello, DRP se "ahorró" la mitad de los honorarios que pagaba a las empresas vinculadas. Pero, ¿fue una unión ventajosa para DRP? No necesariamente. Resulta que, además del crédito que recibió de Metaloroya por US$125 millones en octubre de 1997, en marzo de 1998 Doe Run Mining había solicitado un crédito bancario por otros US$125 millones, bajo el argumento de que lo usaría para pagar el préstamo en que incurrió para adquirir Metaloroya. ¿En qué usó entonces los primeros US$125 millones que le prestó la propia Metaloroya? Pero la fusión con Doe Run Mining solo le trajo problemas a DRP, pues redujo su capital en US$273 millones (producto de la fusión con su dueña), perdió el préstamo por US$125 millones que le hizo a Doe Run Mining (fue "pagado" contablemente con la reserva de fusión generada cuando Metaloroya se convirtió en DRP) y "heredó" una deuda bancaria por US$125 millones (préstamo tomado por Doe Run Mining para pagar la compra de Metaloroya).
Y de un día para otro, el ratio de deuda sobre patrimonio de DRP pasó de 0,4 veces antes de la fusión a 1,9 veces tras ella. Es decir, la operación no resolvió el problema de liquidez de la compañía, sino que lo complicó a futuro, pues le generó deudas sin ingresos extra y con un nivel de gastos que no se reducía. De allí que no sorprenda que al año siguiente, en el 2002, la empresa le pidiera al Banco de Crédito del Perú que le incremente de US$40 millones a US$58 millones su línea de crédito revolvente, algo que pudo conseguir tras varios meses de negociaciones y una serie de restricciones en su manejo.
Como es obvio, estos problemas financieros provocados por el deliberado manejo de sus dueños, fueron los causantes del incumplimiento del PAMA.
“(...)En ese contexto, es natural preguntarse ¿qué tan cierto es el argumento de DRP sobre su mala situación financiera? ¿no son los accionistas los responsables de los problemas de la compañía y, por tanto, a quienes corresponde aportar el dinero que la empresa necesita? Eso podría sonar razonable, pero hay algo sobre lo que no desean hablar en DRP: la situación de Doe Run Resources, su matriz. En marzo del 2002, ésta anunció que no podría cumplir con los aproximadamente US$15 millones de intereses semestrales de su emisión de bonos por US$305 millones, (emisión avalada por DRP), situación que obligó a Renco, el grupo empresarial al que pertenece, a ceder el 40% de su accionariado a los tenedores de bonos. Pero no solo problemas financieros posee Doe Run Resources, cuyo patrimonio era negativo en US$200 millones en abril del 2005 (según reportó a la Secutities and Exchange Commision de EE.UU.), sino que enfrenta cuestionamientos ambientales, como su subsidiaria peruana. Sin embargo, no ha tenido tanta suerte en liberarse de gastos en remediación ambiental y pago de daños. En esta situación, ¿podría apoyar económicamente a su subsidiaria? O por el contrario, ¿requiere de más apoyo de ésta?”
El Comercio, finalmente reseña la actuación del accionista mayoritario de la matriz de Doe Run Perú, el polémico Ira Rennert, dueño de Renco.
“( ... ) Si bien hablar de Doe Run es hablar de Renco, hablar de este es hacerlo de Ira Rennert, personaje descrito por Vanity Fair como un hombre cuyo "talento consistía en hallar compañías con suficientes problemas como para venderlas al valor de sus activos, generalmente luego del fracaso de una subasta". Y sobre sus orígenes, Business Week contó que "en 1975, emergió como un financista, amasando una colección de compañías no deseadas que producían desde jaulas para mascotas hasta mesas de carnicero. Y hacia finales de los ochenta, se convirtió en uno de los compradores favoritos de Wall Street de compañías que nadie más quería". Sobre la base de estos negocios, Rennert creó Renco, que, de acuerdo con Vanity Fair, empezó a "succionar" el flujo de liquidez de las empresas adquiridas, hasta amasar la fortuna necesaria para comprar empresas más grandes a las cuales "extraer" toda la liquidez posible. Pero hay otras constantes en sus operaciones: el desembolso mínimo para cada compra, siendo el grueso de la inversión efectuado por una entidad financiera, y luego de la compra, la emisión de "bonos basura", papeles de baja calificación, pero de alto rendimiento. Con esa estrategia, Renco adquirió WCI Steel (1988), Magnesium Corp.(1989), AM General (1992), Baron Drawn Steel Corp. (1993), Doe Run (1994), Unarco Material Handling (1995) y Lodestar (1998)”.
“( ... ) Si bien hablar de Doe Run es hablar de Renco, hablar de este es hacerlo de Ira Rennert, personaje descrito por Vanity Fair como un hombre cuyo "talento consistía en hallar compañías con suficientes problemas como para venderlas al valor de sus activos, generalmente luego del fracaso de una subasta". Y sobre sus orígenes, Business Week contó que "en 1975, emergió como un financista, amasando una colección de compañías no deseadas que producían desde jaulas para mascotas hasta mesas de carnicero. Y hacia finales de los ochenta, se convirtió en uno de los compradores favoritos de Wall Street de compañías que nadie más quería". Sobre la base de estos negocios, Rennert creó Renco, que, de acuerdo con Vanity Fair, empezó a "succionar" el flujo de liquidez de las empresas adquiridas, hasta amasar la fortuna necesaria para comprar empresas más grandes a las cuales "extraer" toda la liquidez posible. Pero hay otras constantes en sus operaciones: el desembolso mínimo para cada compra, siendo el grueso de la inversión efectuado por una entidad financiera, y luego de la compra, la emisión de "bonos basura", papeles de baja calificación, pero de alto rendimiento. Con esa estrategia, Renco adquirió WCI Steel (1988), Magnesium Corp.(1989), AM General (1992), Baron Drawn Steel Corp. (1993), Doe Run (1994), Unarco Material Handling (1995) y Lodestar (1998)”.
Esta misma estrategia la aplicó Renco en otras partes del mundo.
( ... ) Un caso similar al de La Oroya es el de Magnesium Corporation, la productora de magnesio más grande de EE.UU. En 1996, con los precios del magnesio en alza, la empresa que Renco creó para adquirirla (MagCorp), vendió US$150 millones en "bonos basura", de los cuales, de acuerdo con Forbes, US$75 millones quedaron en manos de Renco. ¿Por qué? Quién sabe. Pero al igual que con La Oroya, los precios del magnesio se desplomaron en los años siguientes, y hacia el 2001 MagCorp arrojó perdidas que le impidieron cumplir con el pago semestral de intereses (US$8,6 millones) a los tenedores de bonos. Para colmo, el Departamento de Justicia de ese
país, actuando en nombre de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), demandó por contaminación a MagCorp y exigió reparaciones por US$900 millones. Una situación que Renco "resolvió" con la declaratoria de quiebra de MagCorp. Pero, según el Departamento de Justicia (y según la revista Vanity Fair), "la estrategia de Rennert de 'sifonear' los fondos de MagCorp, trasladando su capital de bonos basura a su matriz, había dejado a MagCorp en la situación de no poder pagar sus obligaciones ambientales, perpetuando un fraude". La desmedida transferencia de fondos de las compañías de Rennert a Renco, fue tolerada por los inversionistas mientras cumplió con pagar sus intereses. Fue eso lo que, de acuerdo con Business Week, le permitió a Ira Rennert convertirse en uno de los presidentes ejecutivos mejor pagados de los noventa en EE.UU. Pero la buena estrella de Rennert se eclipsó con el desplome del precio de los metales que empezó a finales de los noventa, poniendo en serios aprietos a su imperio. "En los últimos cuatro años, no menos de cuatro de las propiedades mineras y metalúrgicas de Renco o bien se han ido a la quiebra, o bien han forzado a los tenedores de bonos a tomar un buen corte de pelo", resume Fortune. Una sorprendente carta bajo la manga, sin embargo, parece arrojar una luz de esperanza para el grupo. El 2004, Renco vendió la mayoría de las acciones de AM General - fabricante de los carros militares Humvees y de sus gemelos de uso civil, los gigantes Hummer y H2- por un monto estimado en más de US$400 millones. Ello podría explicar que el 2004 las ventas de Renco hayan crecido en un 40% Si bien ante semejante retrato, uno acaba preguntándose si el Estado peruano no debió haber sido más cuidadoso en ver a quién le estaba vendiendo La Oroya, ahora se trata de evaluar con transparencia y criterio técnico la justicia de la solicitud que DRP ha hecho, y de su capacidad para cumplir con sus eventuales compromisos, como el de depositar US$20 millones anuales en un fideicomiso hasta el 2010, teniendo en cuenta que existe una acotación tributaria de la SUNAT por más de US$150 millones. Para ello, el MEM deberá primero hacer un análisis a fondo de la situación económica de la empresa. Finalmente, la pregunta del millón, ¿debe el Estado peruano otorgarle la prórroga? Esperemos que en la búsqueda de una respuesta no se deje ni un rastro de evidencia sin analizar.
( ... ) Un caso similar al de La Oroya es el de Magnesium Corporation, la productora de magnesio más grande de EE.UU. En 1996, con los precios del magnesio en alza, la empresa que Renco creó para adquirirla (MagCorp), vendió US$150 millones en "bonos basura", de los cuales, de acuerdo con Forbes, US$75 millones quedaron en manos de Renco. ¿Por qué? Quién sabe. Pero al igual que con La Oroya, los precios del magnesio se desplomaron en los años siguientes, y hacia el 2001 MagCorp arrojó perdidas que le impidieron cumplir con el pago semestral de intereses (US$8,6 millones) a los tenedores de bonos. Para colmo, el Departamento de Justicia de ese
país, actuando en nombre de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), demandó por contaminación a MagCorp y exigió reparaciones por US$900 millones. Una situación que Renco "resolvió" con la declaratoria de quiebra de MagCorp. Pero, según el Departamento de Justicia (y según la revista Vanity Fair), "la estrategia de Rennert de 'sifonear' los fondos de MagCorp, trasladando su capital de bonos basura a su matriz, había dejado a MagCorp en la situación de no poder pagar sus obligaciones ambientales, perpetuando un fraude". La desmedida transferencia de fondos de las compañías de Rennert a Renco, fue tolerada por los inversionistas mientras cumplió con pagar sus intereses. Fue eso lo que, de acuerdo con Business Week, le permitió a Ira Rennert convertirse en uno de los presidentes ejecutivos mejor pagados de los noventa en EE.UU. Pero la buena estrella de Rennert se eclipsó con el desplome del precio de los metales que empezó a finales de los noventa, poniendo en serios aprietos a su imperio. "En los últimos cuatro años, no menos de cuatro de las propiedades mineras y metalúrgicas de Renco o bien se han ido a la quiebra, o bien han forzado a los tenedores de bonos a tomar un buen corte de pelo", resume Fortune. Una sorprendente carta bajo la manga, sin embargo, parece arrojar una luz de esperanza para el grupo. El 2004, Renco vendió la mayoría de las acciones de AM General - fabricante de los carros militares Humvees y de sus gemelos de uso civil, los gigantes Hummer y H2- por un monto estimado en más de US$400 millones. Ello podría explicar que el 2004 las ventas de Renco hayan crecido en un 40% Si bien ante semejante retrato, uno acaba preguntándose si el Estado peruano no debió haber sido más cuidadoso en ver a quién le estaba vendiendo La Oroya, ahora se trata de evaluar con transparencia y criterio técnico la justicia de la solicitud que DRP ha hecho, y de su capacidad para cumplir con sus eventuales compromisos, como el de depositar US$20 millones anuales en un fideicomiso hasta el 2010, teniendo en cuenta que existe una acotación tributaria de la SUNAT por más de US$150 millones. Para ello, el MEM deberá primero hacer un análisis a fondo de la situación económica de la empresa. Finalmente, la pregunta del millón, ¿debe el Estado peruano otorgarle la prórroga? Esperemos que en la búsqueda de una respuesta no se deje ni un rastro de evidencia sin analizar.
ESAN efectuó un análisis similar al Flujo de Caja Libre (FCL) de Doe Run y, al igual que El Comercio, encontró que se habían efectuado diversos y onerosos envíos monetarios a la matriz. En sus siete años de operaciones, esta minera envío US$ 96 millones de dólares a diversas cuentas de empresas relacionadas por pagos de honorarios y comisiones. Sin duda un polémico concepto financiero y contable:
“El FCL de DRP, incluidas las Inversiones Operativas y las Inversiones realizadas en el PAMA, Honorarios & Comisiones a Entidades Relacionadas muestra saldos de efectivo netos positivos en todos los periodos desde 1997 al 2005. Esto significa que a lo largo del tiempo se pudieron haber incrementado ligeramente las obligaciones de DRP en el PAMA en los montos de los flujos de caja de cada periodo ascendentes a un total acumulado de US$ 26.8 millones. Aunque, aún así, no hubieran podido cumplir con el compromiso global (al cierre del 2005, el PAMA vigente por ejecutar hasta el 2006 era de US$ 103.0 millones). No obstante, en el extremo, si había una obligación pendiente -el PAMA- podía haberse regulado -en tanto las normas lo permitiesen- que el destino de los recursos no fueran del todo de libre disponibilidad hasta cumplir con la obligación. Entre 1997 y 2004, DRP pagó a DRR la suma de US$ 96.4 millones por concepto de Honorarios y Comisiones a Entidades Relacionadas [su matriz]. Un criterio podría haber sido fijar los honorarios y comisiones en un monto que internacionalmente sea justificable por las actividades que realiza el prestador del servicio. El saldo podría destinarse al PAMA”. (ESAN, Informe preparado para el MEM)
“El FCL de DRP, incluidas las Inversiones Operativas y las Inversiones realizadas en el PAMA, Honorarios & Comisiones a Entidades Relacionadas muestra saldos de efectivo netos positivos en todos los periodos desde 1997 al 2005. Esto significa que a lo largo del tiempo se pudieron haber incrementado ligeramente las obligaciones de DRP en el PAMA en los montos de los flujos de caja de cada periodo ascendentes a un total acumulado de US$ 26.8 millones. Aunque, aún así, no hubieran podido cumplir con el compromiso global (al cierre del 2005, el PAMA vigente por ejecutar hasta el 2006 era de US$ 103.0 millones). No obstante, en el extremo, si había una obligación pendiente -el PAMA- podía haberse regulado -en tanto las normas lo permitiesen- que el destino de los recursos no fueran del todo de libre disponibilidad hasta cumplir con la obligación. Entre 1997 y 2004, DRP pagó a DRR la suma de US$ 96.4 millones por concepto de Honorarios y Comisiones a Entidades Relacionadas [su matriz]. Un criterio podría haber sido fijar los honorarios y comisiones en un monto que internacionalmente sea justificable por las actividades que realiza el prestador del servicio. El saldo podría destinarse al PAMA”. (ESAN, Informe preparado para el MEM)
ESAN llegó, también, a las mismas conclusiones que El Comercio, tras revisar los estados financieros de la minera. Es decir, si Doe Run no hubiese efectuado estas extrañas fusiones y cuestionables envíos monetarios a su matriz, para el 2005 habría cumplido con la adecuación del PAMA.
“Sensibilizando el porcentaje de honorarios y comisiones a afiliadas tanto al cierre del 2004 como al cierre del 2005, se obtiene lo siguiente:
Al 2004:
Así no se hubiera pagado honorarios y comisiones a afiliadas, ,DRP n o h abría p odidoo ejecutar completamente el PAMA vigente. Al cierre del 2004, el PAMA pendiente por ejecutar era de US$ 121.2 millones, en tanto el saldo de caja final ascendía a US$ 100.6 millones.
Al 2005:
Si se hubiera limitado e l p ago de honorarios y c omisiones hasta un 0.5% de las ventas (lo que equivaldría a un pago de US$ 19.6 millones entre 1998 y 2005), DRP habría podido ejecutar el PAMA vigente. Al cierre del 2005, el PAMA pendiente por ejecutar era de US$ 102.6 millones, en tanto el saldo de caja final hubiera ascendido a US$ 103.6 millones con un pago de honorarios y comisiones de 0.5% de las ventas. Si n o s e sh ubiera p agado h onorarios y comisiones (0%), ,DRP h abría p odido ejecutarar el PAMA vigente. Al cierre del 2005, el PAMA vigentes por ejecutar era de US$ 102.6 millones, en tanto el saldo de caja final ascendería a US$ 123.1 millones sin pago de honorarios y comisiones a afiliadas.” (ESAN, informe preparado para el MEM).
La crítica situación ambiental de La Oroya
“Sensibilizando el porcentaje de honorarios y comisiones a afiliadas tanto al cierre del 2004 como al cierre del 2005, se obtiene lo siguiente:
Al 2004:
Así no se hubiera pagado honorarios y comisiones a afiliadas, ,DRP n o h abría p odidoo ejecutar completamente el PAMA vigente. Al cierre del 2004, el PAMA pendiente por ejecutar era de US$ 121.2 millones, en tanto el saldo de caja final ascendía a US$ 100.6 millones.
Al 2005:
Si se hubiera limitado e l p ago de honorarios y c omisiones hasta un 0.5% de las ventas (lo que equivaldría a un pago de US$ 19.6 millones entre 1998 y 2005), DRP habría podido ejecutar el PAMA vigente. Al cierre del 2005, el PAMA pendiente por ejecutar era de US$ 102.6 millones, en tanto el saldo de caja final hubiera ascendido a US$ 103.6 millones con un pago de honorarios y comisiones de 0.5% de las ventas. Si n o s e sh ubiera p agado h onorarios y comisiones (0%), ,DRP h abría p odido ejecutarar el PAMA vigente. Al cierre del 2005, el PAMA vigentes por ejecutar era de US$ 102.6 millones, en tanto el saldo de caja final ascendería a US$ 123.1 millones sin pago de honorarios y comisiones a afiliadas.” (ESAN, informe preparado para el MEM).
La crítica situación ambiental de La Oroya
Los pobladores de La Oroya viven expuestos a un cóctel de substancias venenosas formado por: cadmio, azufre, arsénico y principalmente plomo. El aire de la zona es de los más insalubres del mundo, y podría decirse que es irrespirable.
Diversos estudios han sido concluyentes sobre las nocivas condiciones ambientales de La Oroya. Como siempre, son los menores de edad los más afectado. Los niños de la zona tienen en promedio 2,5 veces más plomo en la sangre que el máximo nivel recomendado por la OMS. Aún así, ni el Estado (que fue requerido por el Tribunal Constitucional para que ponga en alerta ambiental a La Oroya), ni a Doe Run les interesa demasiado revertir esta situación
En un informe de la agencia de prensa IPS, el presidente de Doe Run Perú, Juan Carlos Huyhua, se defendió de los cargos por contaminación que se le hacen a su empresa aduciendo que se han reducido los niveles de plomo en los trabajadores, de la planta de La Oroya disminuyeron 34,27 por ciento desde octubre de 1997 a septiembre de 2006. Como la misma reportera concluye, lo “que Huyhua no mencionó es que en la planta de fundición de plomo que tiene Doe Run en el estado de Missouri, Estados Unidos, las emisiones son 20 veces menores que en la de Perú. En los Andes peruanos, los controles para la protección de la salud son bastante más laxos”. Y no queda duda que de eso se aprovechan los mineros inescrupulosos.
Son varios los informes que señalan la altísima concentración de plomo en la sangre que tienen los pobladores de La Oroya, reseñamos aquí las conclusiones de algunos de ellos:
1. Niveles de plomo sanguíneo en recién nacidos de La Oroya, 2004-2005.
Investigación realizada por los doctores: Hugo Villa, Godofredo Pebe y Gonzalo Cervantes Hospital de Essalud de La Oroya:
“Encontramos que los niveles de plomo del 24.7% de nuestra población de recién nacidos estudiada (23 RN) se encuentran por encima del índice biológico de exposición de plomo en sangre para niños, establecida en 10 ugr/dl, y aún más preocupante si tomamos en cuenta las últimas recomendaciones de expertos en el sentido de que dicho índice debería ser menor de 5 ugr/dl (75.3% de los RN ten ían entre 6-10 ugr/dl), en tal medida, los recién nacidos de La Oroya se encuentran en serio riesgo de sufrir efectos dañinos a su salud debidos a la exposición prenatal al plomo.
Investigación realizada por los doctores: Hugo Villa, Godofredo Pebe y Gonzalo Cervantes Hospital de Essalud de La Oroya:
“Encontramos que los niveles de plomo del 24.7% de nuestra población de recién nacidos estudiada (23 RN) se encuentran por encima del índice biológico de exposición de plomo en sangre para niños, establecida en 10 ugr/dl, y aún más preocupante si tomamos en cuenta las últimas recomendaciones de expertos en el sentido de que dicho índice debería ser menor de 5 ugr/dl (75.3% de los RN ten ían entre 6-10 ugr/dl), en tal medida, los recién nacidos de La Oroya se encuentran en serio riesgo de sufrir efectos dañinos a su salud debidos a la exposición prenatal al plomo.
Este es el primer estudio que documenta los niveles de plomo en sangre en recién nacidos con un tiempo de vida menor a 12 horas en La Oroya-Junín-Perú. Los recién nacidos de madres provenientes de La Oroya Antigua, más cercana al Complejo Metalúrgico tienen mayores niveles de plomo en sangre.
Estos resultados constituyen un punto de partida para acciones de investigación, control y prevención de la salud de la madre gestante y del recién nacido en la ciudad de La Oroya”.
2. Estudio de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)
“De acuerdo con el Estudio de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) en el año de 1999 con los resultados de las mediciones de plomo en sangre realizadas a 346 niños de 2-10 años en tres localidades de La Oroya: La Oroya Antigua, La Oroya Nueva y Santa Rosa de Sacco. El nivel promedio de plomo en sangre del total de las muestras fue de 33,6 µg/dl (microgramos por decilitro), estableciéndose asimismo que el 99.1 % de las personas analizadas sobrepasó el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 10 µg/dl.
“De acuerdo con el Estudio de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) en el año de 1999 con los resultados de las mediciones de plomo en sangre realizadas a 346 niños de 2-10 años en tres localidades de La Oroya: La Oroya Antigua, La Oroya Nueva y Santa Rosa de Sacco. El nivel promedio de plomo en sangre del total de las muestras fue de 33,6 µg/dl (microgramos por decilitro), estableciéndose asimismo que el 99.1 % de las personas analizadas sobrepasó el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 10 µg/dl.
Del total de la muestra los niños mayores a 10 años, presentaron un promedio de plomo en sangre de 36,5 µg/dl, de los cuales el 15,1 % niveles de plomo en sangre superiores a 44,0 µg/dl. Por otro lado, los niños entre 2 a 4 años de edad presentaron los valores promedio más altos de plomo en sangre con 38,6 µg/dl. Los registros de niveles promedio más altos corresponden a La Oroya Antigua (43,5 µg/dl), presentándose valores más altos en niños pre-escolares 55,2 µg/dl y en niños de hasta 10 años de edad en 38,5 µg/dl. Cabe señalarse que el nivel máximo de plomo en sangre encontrado en un niño de 4 a 6 años fue de 79,9 µg/dl. DIGESA reconoce que en su estudio que “el promedio de plomo en sangre registrado en La Oroya (33,6 µg/dl) fue mayor a la zona cercana a los depósitos de concentrados de minerales en Pasco (25,6 µg/dl), en Lima (11,4 µg/dl) y en Callao (7,1 µg/dl)...”señalando asimismo que “por los resultados del estudio, se hace de urgente necesidad la coordinación del Sector Salud con los sectores locales de Minería, Industria, Transportes, Educación, Gobiernos Locales y Empresa, a fin de elaborar planes de intervención coordinada y conjunta para disminuir el plomo en sangre de los niños, así como sus posibles efectos adversos”. Finalmente, entre muchas otras conclusiones, dicho estudio señala “que los valores de plomo en sangre mayores a 10 ug/dl se asociaron directamente con el plomo ambiental generado por las emisiones de la Planta”. (En la denuncia de Acción de Cumplimiento contra el Estado Peruano)
3. Estudio de Doe Run Peru
“La propia empresa Doe Run Perú presentó en el año 2001 su “Estudio de Niveles de Plomo en la Sangre de la Población en La Oroya 2000-2001”. En este estudio se analizaron 5,062 muestras de niños y adultos en La Oroya y comunidades cercanas, entre las que se encuentran: Santa Rosa de Sacco, Marcavalle, Curipata, Alto Perú, Chulec y Paccha, encontrándose como resultados promedio niveles que varían entre los 13.7 y 26.1 µg/dl de plomo en sangre.
De acuerdo a las áreas geográficas, el promedio más alto encontrado en este estudio fue en La Oroya Antigua en donde 1,198 muestras tuvieron un promedio de 25,7 µg/dl, por lo que a continuación concluyen que “La Oroya Antigua resulta ser el área de mayor impacto por ser la más próxima a la fundición...”. Otro dato
importante a tener en cuenta, es que los niveles de plomo en sangre más altos encontrados en La Oroya Antigua, corresponde a las muestras de niños de 0-3 años, encontrándose promedios de 36.7 µg/dl.
El estudio establece entre sus conclusiones que las principales fuentes de exposición son: a) el plomo acumulado en los alrededores del Complejo Metalúrgico en 78 años de funcionamiento; b) emisiones actuales del Complejo Metalúrgico, c) emisiones del parque automotor; y d) otras fuentes como “barnices
en las cerámicas, plomo en las pinturas, productos enlatados”, etc. (En la denuncia de Acción de Cumplimiento contra el Estado Peruano).
4. Estudio del Consorcio UNES
“Otro estudio analizado para la presente demanda es el realizado por el Consorcio Unión para el Desarrollo Sustentable (UNES) denominado Evaluación de Niveles de Plomo y Factores de Exposición en Gestantes y Niños Menores de tres años de la Ciudad de La Oroya el mismo que muestra los resultados de las determinaciones de plomo en sangre de 48 gestantes y 30 niños menores de tres años, siendo el promedio de plomo en sangre de las gestantes de 39.49 µg/dl y de los niños de 41.81 µg/dl. Si bien el tamaño de la muestra es pequeño, los resultados concuerdan con los hallazgos de estudios realizados por DIGESA y DRP al evidenciar altos niveles de plomo en sangre de los niños de La Oroya y sugieren la existencia un problema de salud entre las madres gestantes y población infantil de la zona”. (En la denuncia de Acción de Cumplimiento contra el Estado Peruano).
Finalmente habría que indicar que luego de aprobado el PAMA, las condiciones del aire en La Oroya no han mejorado. Así lo comprobó Segundo Informe sobre Evolución de la Calidad De Aire en La Oroya, elaborado por Carlos Abanto Kcomt en Mayo del 2007. Dada la importancia de estos resultados transcribimos íntegramente sus conclusiones
“Una de las justificaciones de Doe Run Perú para solicitar su extensión del Plan de Adecuación al Medio Ambiente (PAMA), fue el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental. Posteriormente, cuando la prórroga del PAMA fue aprobada, se exigió a la empresa, entre otras cosas, cumplir con los estándares de Calidad de Aire para el plomo y PM 10, y con valores especiales o valores meta para el arsénico y cadmio (entre otros), los cuales serían exigibles a partir de enero de 2007.
Tomando los mismos informes de monitoreo de calidad de aire de Doe Run Perú, se puede concluir que la empresa no ha cumplido con su compromiso en lo que el plomo se refiere, tanto para promedios anuales como para promedios mensuales. Las áreas urbanas de Hotel Inca y Sindicato [áreas urbanas de La Oroya en donde en las que el presente estudio colocó estaciones de control] están expuestas a altas concentraciones anuales de plomo, las cuales llegan a ser hasta 4 y 7 veces mayor que los estándares peruanos respectivamente.
En referencia al arsénico, a pesar de haber cumplido con el valor meta mensual propuesto por el Ministerio de Energía y Minas, a excepción de Huanchán, las 11 concentraciones anuales en todas las estaciones superan ampliamente el valor promedio encontrado en ciudades europeas con niveles críticos de arsénico. Las concentraciones en Huanchán, Hotel Inca, Sindicato, Cushurupampa y Casaracra para el año 2006 muestran valores que sobrepasan en 22, 8, 14, 5 y 3 veces el valor antes mencionado Para hacer más crítica la situación, los valores para este mismo año, lejos de reducirse o estabilizarse muestran una tendencia creciente con respecto a años anteriores.
Revisando las concentraciones promedio mensual de arsénico atmosférico para el año 2005 y 2006, podemos observar que el valor meta mensual de 2.0 µg/m3 que debe cumplir Doe Run Perú es muy permisible y por lo tanto sencillo de cumplir por la empresa. Desde el año 2005, antes de la aprobación de la prórroga, las concentraciones mensuales de arsénico de aire en las estaciones de Casaracra y Cushurupampa ya estaban por debajo del valor meta y la estación de Hotel Inca reportaba valores cercanos a 2.0 µg/m3. Por lo tanto, tomando en cuenta la grave crisis ambiental en La Oroya, el Ministerio de Energía y Minas debió haber establecido metas más exigentes para proteger a corto plazo la salud de la población.
El cadmio presenta una situación similar, pues al mes de febrero de 2007 prácticamente ya se esta cumpliendo con el valor meta. Sin embargo, el lineamiento anual de la OMS no se esta cumpliendo. Las concentraciones para el 2006 de cadmio en Huanchán, Hotel Inca, Sindicato, Cushurupampa y Casaracra sobrepasan en 48, 14, 22, 10 y 6 veces el lineamiento de la OMS. Esto significa que el valor meta mensual para el cadmio que debe cumplir Dor Run es permisivo y no protegerá la salud de la población de La Oroya de acuerdo a las recomendaciones de La OMS.
Tomar como referencia a la OMS es vital, dado que la ciudad de La Oroya y sus habitantes están comprobadamente contaminados con una serie de metales pesados”. (El subrayado es nuestro).
Queda claro, que la ampliación del PAMA no ha mejorado las condiciones ambientales de La Oroya y sus pobladores siguen sometidos a condiciones infrahumanas. ¿Hasta cuándo?
Queda claro, que la ampliación del PAMA no ha mejorado las condiciones ambientales de La Oroya y sus pobladores siguen sometidos a condiciones infrahumanas. ¿Hasta cuándo?
