La Oroya NO aguanta más
by Runa Monday, Mar. 06, 2006 at 1:03 AM
Los ejecutivos de la Doe Run... ¿beben el agua del Mantaro?La trasnacional Doe Run se comprometió en 1997, cuando compró al Estado peruano el complejo metalúrgico de La Oroya, a cumplir un programa de adecuación ambiental (PAMA) de 10 años, que debía servir para atenuar los graves efectos medioambientales de la actividad industrial. Sin embargo, faltando solo un año para que caduque el plazo inicial, Doe Run solo ha cumplido con un 40% de lo acordado, dejando para el final los proyectos prioritarios. Este retrazo está afectando seriamente la salud de los pobladores. Diversos estudios concluyen que casi el 100% de niños de La Oroya tiene en su sangre niveles de plomo, arsénico y cadmio muy superiores a los permitidos internacionalmente. Legalmente, Doe Run debiera recibir una multa por su irresponsabilidad, y tendría plazos de hasta 3 años para corregir esa situación. Sin embargo, el 23 de diciembre del 2004 el Gobierno de Toledo le dio su regalo de Navidad a la Doe Run: el Decreto 046, que permitió de manera extraordinaria que las empresas pidan una prórroga del PAMA. Únicamente Doe Run se acogió a ese decreto con nombre propio. Hoy en día estamos en pleno tira y afloja entre la trasnacional, el ministerio de energía y minas y las organizaciones populares y medioambientales que rechazan la prórroga. En los próximos 30 días el Estado debe dar una respuesta. Por lo pronto, podemos preguntarnos si el Ministro o los ejecutivos de la Doe Run beben las contaminadas aguas del Mantaro.
PAMA: ¿Postergamos el Ambiente, la Minería nomás Apoyamos?
El día 23 de diciembre del 2004 (en vísperas de Navidad, fecha muy apropiada para evitar reacciones) el Gobierno de Toledo emitió el Decreto Supremo 046-2004-EM, que permite que las empresas metalúrgicas que tuvieran problemas con la ejecución de sus Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) soliciten una prórroga de hasta 4 años para cumplir con sus compromisos medioambientales. Dicho Decreto le cayó a pelo a Doe Run, que precisamente estaba en problemas porque, faltando solo 2 años para que finalice el plazo original de su PAMA, solo había cumplido con alrededor de un 40% del mismo, y tenía pendiente la principal obra: la construcción de dos plantas para tratar ácido sulfúrico. De hecho, en los doce meses que establecía este Decreto para presentar las solicitudes, Doe Run fue la única empresa que se acogió a esta posibilidad excepcional. Sin duda, se trató de un Decreto con nombre propio.Desde inicios de aquel diciembre del 2004, Doe Run y los políticos locales que son aliados de esta trasnacional habían venido calentando el ambiente para conseguir esta prórroga. Los días 6 y 7 de ese mes se realizó un paro pro-mina, convocado por el propio Alcalde Clemente Quincho, quien según todas las versiones es un cercano aliado de la Doe Run. El paro dejó dos pobladores muertos y cientos de vehículos varados en la carretera central. Fue la excusa perfecta para que el Gobierno emitiera el dichoso Decreto, alegando que era una medida necesaria para mantener la paz social en las zonas cuya economía depende de la actividad minera y metalúrgica. Según diversos testimonios, los trabajadores fueron forzados por la empresa a participar en el paro. La amenaza era que si Doe Run no obtenía la prórroga, se tendría que irse de La Oroya, con lo cual cientos de trabajadores perderían sus puestos y la economía local se vería perjudicada.Sin embargo, la ley es muy clara y explica qué debe ocurrir si una empresa minero metalúrgica incumple los plazos de su PAMA: se le impone una multa y se le van dando nuevos plazos para que ejecute las obras faltantes. Solo tras unos 3 años de multas y nuevos plazos, y si la empresa persiste en incumplir, se le puede retirar la autorización de funcionamiento. Doe Run ha pedido una prórroga de 4 años, y según diversas fuentes es probable que el Ministerio acepte sólo 3 años, que es el mismo tiempo que tendría la trasnacional para ponerse en regla si se cumplieran los plazos normales. Así que, para todo efecto práctico, la Doe Run está buscando evitar la multa y el Ministerio está renunciando a su obligación de imponer el respeto al medio ambiente.
La Oroya no aguanta másHace poco la prensa hizo eco de un estudio realizado por la Universidad de Saint Louis, Missouri (EEUU). Los resultados de este estudio, como suele ocurrir con todo estudio sobre la salud y el medio ambiente en La Oroya, son escalofriantes. Entre otras cosas, el informe revela que el 97% de los niños menores de 6 años tiene niveles de plomo en su sangre muy superiores a los permitidos internacionalmente. De manera similar, se encontraron niveles alarmantes de cadmio y arsénico en la sangre y orina de los habitantes de La Oroya. El estudio muestras a los pobladores de La Oroya y de Concepción, otro pueblo del valle del Mantaro donde no funciona ninguna industria metalúrgica. El resultado de la comparación entre ambos confirma que es el complejo de Doe Run el responsable por la contaminación en la zona. Anteriormente, funcionarios de la trasnacional habían culpado a los autos que circulan por la carretera y... ¡a las crayolas que utilizan los niños! Pero la comparación arroja otro resultado preocupante: si bien La Oroya sufre la mayor concentración de metales dañinos, Concepción también tiene niveles de contaminación fuera de lo común. La contaminación ocasionada por la fundición de metales ya no es solo un problema de La Oroya: está afectando a todo el valle del Mantaro.
¿Qué le ocurre a una persona que tiene en su sangre estos niveles de Plomo, Arsénico, Cadmio y otros metales dañinos? ¿Qué le está ocurriendo hoy a los pobladores de La Oroya? Los sintomas más usuales son la irritación de las vías respiratorias, debilidad muscular, desánimo, irritabilidad, manchas en la piel y problemas con los riñones. Pero todos estos síntomas anuncian los efectos más graves de este envenenamiento: el cáncer. Estos metales ocasionan cáncer al riñón, a los pulmones, a la piel, al hígado, entre otros.
Estado y capitales trasnacionales: culpables históricosDoe Run ha dicho muchas tonterías para defenderse de las acusaciones. Echarle la culpa de la contaminación a los automóviles y a las crayolas que usan los niños es, sin duda, la peor de ellas. Por otro lado, la trasnacional ha alegado que de 9 proyectos "solo faltaba" la construcción de las plantas de ácido sulfúrico, con lo que aparecería como una empresa responsable que ha ejecutado casi todo su PAMA. Sin embargo, la construcción de esas plantas era la obra prioritaria del PAMA, constituyendo, junto con otros trabajos faltantes, casi un 60% de la inversión. Así que en realidad la empresa no ha ejecutado ni la mitad de lo prometido en 1997. Puedes ver un resumen de las cosas que NO ha hecho Doe Run. Este resumen es de enero y fue elaborado por el propio Ministerio de Energía y Minas.
Sin embargo, al menos uno de los argumentos de Doe Run es cierto: el envenenamiento de La Oroya no tiene 10 años. Desde 1922, la principal actividad económica de la zona es la minería y la fundición de metales. Las operaciones de la norteamericana Cerro de Pasco Corporation, primero; y del Estado peruano a través de Centromín Perú, durante 30 años, ocasionaron los niveles de contaminación históricos que hoy sufre el Mantaro. Fue el propio Estado el que le dejó la posta a la Doe Run para que siga contaminando.
Sin embargo, aquí vale la pena anotar algunas cosas. En primer lugar, el estudio de la Universidad de Missorui demuestra que son los niños menores a 6 años los que tienen niveles más alarmantes de veneno en su sangre. Estos niños están sufriendo de contaminación nueva. En segundo lugar, la Doe Run sabía de la situación crítica de La Oroya cuando compró Centromín y se comprometió a ejecutar el PAMA que debía atenuar el problema.
No a la prórroga, sí a la vida
Según diversas fuentes, el Estado estaría de acuerdo con darle una prórroga de 3 años, y no de 4, como ha solicitado la empresa. Sin embargo, solo cumpliendo la ley original la Doe Run tendría 3 años de plazo para cumplir lo que le falta. Así que las amenazas de abandonar el complejo y dejar sin trabajo a cientos de trabajadores, son una mentira y un chantaje inaceptable. El Ministerio simplemente debería decir NO a la prórroga y hacer cumplir la ley.
La prioridad no debe ser sólo ejecutar el PAMA: limpiar el valle del Mantaro es una urgencia inmediata para los miles de pobladores que sufren el envenenamiento en sus vidas cotidianas. Esto no necesariamente está reñido con la actividad industrial, ya sea que la fundición esté en manos de privados o del Estado, o de quien fuera. Pero sí requiere una inversión enorme, lo que obliga a poner la salud y la vida por delante del lucro. Ya basta de que exploten las entrañas de nuestra tierra y envenenen el agua que bebemos sólo por el beneficio económico de unos cuantos.
Real Win MP 
