viernes, 7 de diciembre de 2007

Doe Run en La Oroya: no a la prórroga del PAMA

6 Diciembre del 2007


Doe Run Perú: Utilidad (Pérdida) Neta y Remesas a EEUU.
Por: Humberto Campodónico

La empresa Doe Run, que compró el complejo metalúrgico de La Oroya (privatizado en 1997), dice que tiene problemas económicos y financieros, por lo que no puede cumplir con el Plan de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), pidiendo su prórroga hasta el 2011. La empresa ya ha logrado que, en tres oportunidades, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) modifique o postergue sus compromisos asumidos.

Hoy, Doe Run quiere postergar la construcción de la planta de ácido sulfúrico, por un valor de US$ 100 millones, para disminuir la contaminación de dióxido de azufre, que hace que los hijos de los mineros tengan mucho más plomo en la sangre que el límite permisible por la OMS. Esto ocasiona, posiblemente en forma irreversible, daños neurológicos y deficiencias de aprendizaje. Además la presencia de altos niveles de arsénico en suelo y aire representan un riesgo de cáncer para los residentes. Esta sola situación hubiera motivado que el gobierno de cualquier país que se respete rescinda el contrato de privatización con Doe Run por incumplimiento, al mismo tiempo que garantiza el funcionamiento de la mina (por tanto, los empleos) y la puesta en marcha del PAMA, mientras busca un nuevo socio estratégico para el Complejo.

Pero no. El gobierno y el MEM han priorizado los intereses de la empresa por encima de la salud de los niños. De su lado, Doe Run, consciente de las dudas del gobierno (y de la conducta más que dudosa de algunos funcionarios), ha aprovechado para poner de su lado a los trabajadores (bajo la amenaza de la pérdida de empleo), así como a otros funcionarios municipales y del gobierno regional.

La cosa no queda allí. Sucede que los "problemas económico-financieros" que evoca Doe Run tampoco son ciertos, como lo demuestran los estudios de Juan Aste (Grupo para la Promoción del Desarrollo de los Andes). En efecto, de 1998 al 2004, la empresa declara pérdidas por US$ 86,1 millones (casi no pagó impuestos tampoco). Sin embargo, en el mismo período, remesó a EEUU US$ 51 millones a los tenedores de bonos y US$ 71 millones a la Casa Matriz por "honorarios". Además: "Seis días después de comprar Metal Oroya, la flamante empresa le otorgó un préstamo en efectivo por US$ 125 millones a su accionista directo, Doe Run Mining", en lugar de invertir en sus operaciones o adelantar los proyectos de materia ambiental que se había comprometido a desarrollar" (El Comercio, Día 1, 30/01/2006). Hay más. Doe Run ha sido acotada por SUNAT por US$ 108 millones por haber utilizado el DS 120 94 EF (promulgado por Camet) para revaluar activos y luego volverlos a depreciar. Lo mismo hicieron diversas empresas eléctricas (Edelnor, Luz del Sur, Edegel) y la minera Barrick, lo que significó cerca de 2,000 millones de soles en impuestos no cobrados: la "farra fiscal al revés". Sigue. La SUNAT también ha acotado a Doe Run por crédito tributario relacionado con el IGV por US$ 43 millones (periodo 1999-2001), más US$ 20,1 millones por el 2002 y el 2003 (Informe 10 – Q a la Securities and Exchange Commission de EEUU, 31/07/05).

La situación es clara. Estamos frente a una empresa tramposa. Por tanto, el gobierno no debe aceptar el cambio en las reglas del juego, es decir, la prórroga del PAMA, y debe proceder a rescindir el contrato. No puede haber conciliación con quienes incumplen sus obligaciones económicas y ambientales, dañando la salud de los niños peruanos. ¿Son los niños de La Oroya ciudadanos de cuarta o quinta categoría?

El Comercio, jueves 22 de marzo del 2007




CIDH pide al Estado proteger a La Oroya ante contaminación causada por Doe Run

Por Edmundo Cruz (*).

Fotos: Arturo Pérez.


• Población minera respira 300 veces más dióxido de azufre del mínimo permitido por la Organización Mundial de la Salud.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, aprobó el viernes último, 31 de agosto, una severa solicitud. Acordó demandar al Estado peruano la adopción de "medidas cautelares de urgencia" para proteger la vida de los pobladores de La Oroya víctimas de la contaminación ambiental generada por el octogenario Complejo Metalúrgico ahora en propiedad de la minera norteamericana Doe Run.

La decisión de la CIDH es inapelable y la ejecución de las medidas, inmediata. Estas beneficiarán a toda la población de 30 mil habitantes de La Oroya que, probadamente, respira un aire contaminado de plomo, dióxido de azufre, arsénico y cadmio en proporciones varias veces superiores a los mínimos permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según han establecido estudios de la propia empresa, los más perjudicados con este envenenamiento son los niños menores de seis años.

Los beneficiarios inmediatos son 65 personas cuyos casos fueron presentados ante la CIDH con carácter de prueba. Ese número incluye más de 30 niños en estado de vulnerabilidad. El resto son personas mayores que sufren de graves problemas respiratorios. El nombre de todos ellos se mantiene en reserva hasta que se implementen las medidas.

Cómo empezó

La decisión de la CIDH responde a una denuncia planteada el 21 de noviembre del 2005 por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental representada por el abogado Carlos Chirinos Arrieta. Conjuntamente con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y Earthjustice (Justicia de la Tierra).

Los representantes de la población afectada señalaron la ausencia regulatoria del Estado peruano, frente a las graves violaciones de los derechos humanos que los pobladores de La Oroya sufren por la contaminación producida por Doe Run.

Desde entonces la CIDH solicitó información al gobierno peruano hasta en cuatro oportunidades. No hubo respuesta.


"Las medidas reiteran lo dicho por el Tribunal Constitucional de Perú, que consideró insuficientes las acciones de prevención y atención de la salud promovidas por el Estado", manifestó Astrid Puentes, directora legal de AIDA.

La CIDH ordena al Estado peruano brindar diagnóstico médico especializado para las personas afectadas por la contaminación de Doe Run.
Al mismo tiempo, solicita proveer tratamientos médicos especializados a cualquier individuo en situación de peligro de muerte o daño irreparable.

Carlos Chirinos, de la SPDA, aseguró: "Esperamos tener una coordinación fluida con las autoridades del Estado para garantizar la aplicación transparente y eficaz de estas medidas. El soporte de instituciones como la Defensoría del Pueblo y otras entidades es crucial", afirmó el abogado peruano.

Datos
REFINACIÓN. El Complejo Metalúrgico de La Oroya procesa 600,000 toneladas métricas de concentrados.
CONCENTRADOS. 450,000 toneladas son polimetálicos con contenidos de metales preciosos. Y 150,000 son concentrados de zinc.
METALES. Los concentrados producen 11 metales y 8 subproductos.
Los principales son plomo, zinc, cobre, plata y oro.

Responsabilidad del Estado
El Complejo Metalúrgico de La Oroya utiliza grandes hornos. Esto implica un problema medioambiental con las emanaciones de gases que contienen principalmente óxido de azufre, plomo, arsénico y cadmio, de efectos altamente tóxicos.
El complejo genera el 99. 7 por ciento de la emisión de contaminantes al aire. Las efectos de estos humos son el deterioro irreversible del sistema respiratorio; diferentes tipos de cáncer; daños en el sistema reproductivo y en el ciclo de desarrollo de las personas así como en sus órganos vitales.
El Estado peruano ha comprobado que más del 99% de los niños que viven cerca del complejo sufren de intoxicación por el plomo. Los efectos son cambios de conducta, trastornos en la actividad cerebral, agotamiento, etc. Igualmente perjudicadas son las madres gestantes.
El Estado ha incumplido las obligaciones de control de la actividad metalúrgica; de protección de la salud de las personas; y ha desacatado la sentencia del Tribunal Constitucional que exigía medidas de protección necesarias.
El Ministerio de Energía y Minas aprobó en parte la solicitud de Doe Run para ampliar el plazo de su Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA) hasta octubre del 2009. Este PAMA vencía a fines del 2006.

jueves, 6 de diciembre de 2007

El Comercio Jueves 6 de Setiembre 2007


Cuestionan manejos para fiscalización de la minera Doe Run

El Comercio 12 de Enero del 2007

Asociaciones civiles advierten un extraño manejo en la selección del comité investigador

Representantes de las organizaciones Asamblea Popular y el Movimiento por la Salud de La Oroya (Mosao) denunciaron la existencia de extraños manejos en la designación de las personas que conforman la comisión que se encargará de fiscalizar el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de Doe Run Perú. En ese sentido, responsabilizaron del hecho a la empresa minera y al alcalde de la ciudad, César Gutiérrez Revilla.
Carlos Callupe, representante de la Asamblea Popular --una organización que agrupa alrededor de siete gremios en La Oroya--, afirmó que el municipio no solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que realice la elección de los representantes de la sociedad civil que integran la comisión fiscalizadora.

Sostuvo que, en vista de este vacío, el pasado 5 de enero el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, solicitó al alcalde Gutiérrez Revilla que nombre a los representantes de la sociedad civil, ya que la fiscalización estaba por iniciarse. Ante dicha indicación, el alcalde nombró a Callupe, al regidor municipal Ananías Delgado y al representante del Mosao, Miguel Curi.
La comisión de fiscalización del PAMA de Doe Run, integrada además por representantes de los ministerios de Salud y de Energía y Minas, inició sus labores el pasado sábado 6 de enero y deberá culminar la inspección el 14 de enero.
Miguel Curi indicó que, antes de la primera reunión del grupo, el alcalde decidió --según el denunciante por presiones de la empresa-- desembarcarlo de la comisión y reemplazarlo por otras tres personas que están ligadas, directa e indirectamente, a Doe Run.
Este Diario intentó comunicarse con algún representante de Doe Run para tener su versión sobre estos cuestionamientos, pero no obtuvo respuesta.
Por otra parte, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Medio Ambiente y Ecología del Congreso, convocó para hoy al ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, a fin de evaluar los avances en el cumplimiento del PAMA de Doe Run en La Oroya.

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Centromín y Doe Run en desacuerdo sobre descontaminación de La Oroya

El Comercio 2 de Enero del 2007

Ninguna quiere hacerse cargo de los suelos contaminados. Firma estatal dice que le compete a Doe Run por incumplir contrato

Por Manuel Marticorena Solís
La empresa estatal Centromín Perú y la firma de capitales estadounidenses Doe Run Perú se encuentran enfrentadas, pues ambas se rehúsan a remediar el impacto ambiental generado por las emisiones al aire de la fundición de La Oroya en los últimos diez años y a ver lo que corresponde a la ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de Doe Run Perú.

Según el contrato asumido por Centromín con Doe Run, la minera estatal se haría cargo de los pasivos ambientales generados por las emisiones al aire de la fundición hasta la culminación de su PAMA original, es decir hasta enero del 2007.

Sin embargo, tras la ampliación concedida por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) del PAMA hasta octubre del 2009, Centromín considera que Doe Run ha incumplido el contrato, razón por la cual no está obligada a hacerse cargo de los pasivos originados por la fundición desde el momento de su privatización.
La recuperación ambiental de La Oroya se refiere principalmente a las inversiones que se requieren para mejorar la situación de los suelos de la ciudad, que tienen altos contenidos de plomo, cadmio y arsénico producto de la emanación al aire de los gases de la planta de fundición de esa ciudad. Estas sustancias son perjudiciales para la población.

Por su parte, Doe Run le ha señalado a Centromín que le corresponde a la empresa estatal, según el contrato firmado cuando obtuvo la fundición, a acompañarla con la remediación ambiental en la ampliación de su PAMA hasta el 2009, indicando que este tipo de modificaciones figuran en el contrato.
En otras palabras, esto quiere decir que la minera estatal deberá asumir los costos que implicará que Doe Run no haya cumplido con su PAMA; es decir, se requerirá de fondos públicos para remediar el impacto ambiental producido por una empresa privada.

DIAGNÓSTICO
Juana del Castillo, gerenta general de Centromín, ha señalado que la empresa encargará un diagnóstico a un tercero para establecer el tipo de contaminación que existe en los suelos y de esa forma delimitar lo que corresponde invertir a la empresa estatal, por el tiempo que esta operaba el complejo metalúrgico, y lo que estaba fijado a la empresa norteamericana como parte de la ampliación hasta el 2009.
Como se recuerda, el PAMA original de Doe Run vencía este mes y esto implicaba que la empresa llegaría a controlar todas las emisiones contaminantes. Del Castillo indica que si esto hubiera sucedido, a Centromín le tocaba iniciar la remediación de los suelos, reforestando áreas verdes e incluso trasladando a parte de la población hacia áreas menos contaminadas. Esto implicaría invertir de más de US$ 5,5 millones.
Sostuvo que la empresa no invirtió antes porque no tenía sentido hacerlo mientras las emisiones continuaran afectando el ambiente. "Hubiese sido una inversión en vano", señala Del Castillo.
En ese sentido, la funcionaria manifiesta que existe una controversia que probablemente se deberá zanjar por la vía arbitral o por la judicial entre Centromín y Doe Run.

MÁS DATOS
* El Instituto norteamericano Blacksmith consideró a La Oroya como uno de los diez pueblos más contaminados del mundo. Responsabilizó a Doe Run por esta situación.
* El Ministerio de Energía y Minas (MEM) se comprometió a fiscalizar y a hacer cumplir los compromisos asumidos por la empresa norteamericana luego de la modificación de su PAMA.
* Doe Run solicitó el año pasado una ampliación de cuatro años para cumplir con su PAMA. El MEM solo le dio tres.
* El contrato de estabilidad tributaria entre Doe Run y el Estado venció a finales del 2006.
Creación de activos mineros

Hace unos dos meses el Gobierno decidió la liquidación de Centromín y la creación de la empresa Activos Mineros. Según se informó, esto implicaría que la nueva empresa se encargaría de todos los pasivos que tiene Centromín, incluyendo los de La Oroya.

Sin embargo, Pasivo Mineros aún no ha tomado posición respecto a la controversia suscitada entre Doe Run y su antecesor Centromín, debido a que el proceso de transferencia no concluye.

A Activos Mineros le tocará realizar las millonarias inversiones que Centromín tiene pendiente principalmente en la zona central del país


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martes, 4 de diciembre de 2007

Entrevista con Antonio Brack Egg“Existe un patriotismo hipócrita”

REVISTA RUMBOS - EDICIÓN Nº 50

La problemática ambiental es analizada en sus principales aspectos por el reconocido ambientalista y consultor permanente de las Naciones Unidas

Por: David Roca Basadre

Rumbos: Doctor Brack, ¿qué ocurre con el tema de las concesiones forestales? ¿Qué es lo que no funciona allí?

Antonio Brack: Se han otorgado 7 millones 500 mil hectáreas en concesión. Este es un sistema sostenible si se cumple con los planes de manejo, porque antes se extraía madera de cualquier parte sin manejo alguno. Se necesita tener un plan de manejo y se puede obtener una certificación forestal internacional. Sin embargo, esto no funciona bien por un asunto de moralidad por parte de varios concesionarios, que comercializan madera que compran sabiendo que ha sido extraída de lugares no autorizados y que no han sido concesionados o provienen, por ejemplo, de áreas naturales protegidas o reservas, por deficiencias en la supervisión del Inrena en algunos casos, por escasez de recursos, en otros por corrupción. Las guías aparecen como aprobadas y la madera ilegal es blanqueada. Por ejemplo, un alto porcentaje de la madera que se procesa en Pucallpa es blanqueada. La Policía Ecológica cuenta con muy pocos efectivos y no tiene fondos para control, tampoco.

R: La depredación de los bosques es un problema muy serio. ¿Qué puede agregar sobre esto?

AB: Se ha talado cerca de 10 millones de hectáreas sólo para ampliar la frontera agrícola en la amazonía peruana. Actualmente, 8 millones de estas tierras intervenidas están sin uso agropecuario. El origen de esto está en la misma legislación peruana, que es muy perversa y ello desde hace más de medio siglo. Se otorga propiedad sobre la tierra, mas no sobre el bosque y hay que talar éste para acceder a la propiedad de la tierra. Y así, se sigue talando para lo mismo, un promedio de 250 000 hectáreas cada año. Es un crimen de lesa humanidad lo que está ocurriendo. Se debe aprovechar la riqueza forestal, eso es mucho más productivo.


Los bosques secos de la costa son objeto de gran depredación para obtener carbón, además. Entre 7 mil y 10 mil hectáreas de bosques son depredadas anualmente en el departamento de Lambayeque y sólo en Piura se talan alrededor de 12 mil hectáreas de bosques secos cada año, por acción del hombre. Se trata en su mayor parte de algarrobo. Cada vez que comemos pollo a la brasa, estamos contribuyendo a la destrucción de los bosques secos, pues es en las ciudades y para casos como ese que se comercializa el carbón. Hay vedas sí, pero no hay control estricto en las carreteras, y las guías de transporte forestal son en parte falsificadas. Nadie hace escándalo por esto, porque hay grupos con mucho poder que lucran con la comercialización del algarrobo. Nuevamente es un tema de moralidad, de recursos y de legislación más adecuada.
R: Esto nos lleva al tema de las plantaciones de coca, que es parte del proceso depredador del bosque...

AB: La coca es rentable porque su precio en el mercado ilícito es alto. En zonas como Juanjuí, Ucayali, se cultiva cacao orgánico con una rentabilidad parecida a la de la coca y está a cargo de ex cocaleros. Y sin embargo, la palma africana, por ejemplo, que se está sembrando también, puede rendir en 5 hectáreas hasta 25 mil nuevos soles al año a una familia. El actual alcalde de Boquerón, en Padre Abad, que antes fuera dirigente cocalero y de los duros, ya no quiere saber nada del asunto y se dedica a sus lucrativos cultivos de palma africana. He encontrado cambios claros en la actitud de los agricultores, pero aún quedan zonas dominadas por el narcotráfico como Monzón, Tocache y VRAE. La coca es un cultivo que rinde en suelos pobres, pero existen también cultivos alternativos muy interesantes para esas zonas.

R: La minería es uno de los temas ambientales más álgidos. ¿Qué debemos hacer ahí? Hay el caso de La Oroya, que es visiblemente grave.

AB: Es un tema que hay que poner en su verdadera dimensión. Antes de 1993 no existía una legislación minera adecuada. Es ese año, durante el gobierno de Fujimori, que se introducen los temas de responsabilidad social y cuidado ambiental en la ley. Es por eso que hay que separar el tema entre antes de 1993 y luego de ese año. En La Oroya, para tomar su ejemplo, toda la culpa se la echan a Doe Run, que opera desde 1996, pero existen pasivos ambientales que son producto de los trabajos de las empresas que estuvieron allí antes, incluyendo a la estatal Centromin.
R. Pero, cuando se adquiere una concesión minera, ¿no se asumen también los pasivos?

AB: Claro, pero los que están en las zonas de excavación, no los de las antiguas zonas de explotación, eso ya es responsabilidad del Estado. El mayor descuido en el Perú es por parte del Estado, que por decenios no se ha preocupado de tener una minería limpia y ha permitido contaminar amplias zonas y comprometer la salud de las personas y comunidades. Existen 610 pasivos ambientales de minas abandonadas y es el Estado el que falla al permitir que subsistan los pasivos ambientales. Hay demasiada indiferencia de los sectores como el Ministerio de Salud, que debería intervenir más activamente a través de Digesa; también el Inrena, y las demás entidades del Estado concernidas.
Se necesitan 250 millones de dólares, al menos, para solucionar todos los pasivos ambientales originados por las actividades extractivas. Obtener esos fondos es un problema grande.

Mientras tanto, se debe ser muy estricto con los estudios de impacto ambiental y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental, que son instrumentos nuevos que deben garantizar el desarrollo limpio de estas actividades. El tema central en minería es tener una minería limpia, con responsabilidad social, y todos tenemos que trabajar para llegar a ese objetivo. El tema de “no a la minería” es una ilusión, y conduce sólo a conflictos.

R: Pasando a otro punto, en el tema del calentamiento global, pareciera que nadie o pocos se dieran por enterados en el Perú. Hubo, por ejemplo, hace un mes un encuentro de alcaldes de grandes ciudades en Nueva York sobre el tema, y el alcalde de Lima no fue y no sabemos si mandó a alguien.

AB: Es que aquí no se piensa nunca en el largo plazo. Los períodos electivos son de cinco años y los políticos cuentan eso, mirando a las próximas elecciones. No existe previsión para el planeamiento estratégico. Pienso que, por ejemplo, debería haber aquí un panel similar al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, para trabajar en el Perú el tema y que esté conformado por representantes de los organismos del Estado pertinentes y representantes de la sociedad civil, para prever las consecuencias del cambio climático aquí. Anticipar el tema y ver qué se hace. Un panel así debería, también, explorar los beneficios eventuales del cambio climático para aprovecharlos.

De hecho, el cambio climático ya está en el Perú, la deglaciación de los nevados es una realidad visible. Lo que es grave porque compromete el aprovisionamiento de agua que entre nosotros mayormente proviene de los glaciares.

R: El agua es un tema vital. Y la contaminación de los ríos gravísima. ¿Qué podemos hacer?

AB: Es un asunto en el que todos somos responsables. Y que puede solucionarse. Vea el caso del río Rímac. Se puede y debe incrementar las tarifas del servicio de agua potable. Actualmente, 1 metro cúbico de agua potable, que son 1 000 litros, vale la mitad de una botella de cerveza. Si se incrementara en dos céntimos por metro cúbico de agua, se podría obtener un fondo para manejar la cuenca del río Rímac y recuperarla. Se podría desarrollar trabajos de reforestación, también. Lima puede asegurarse mediante ese pago por servicios ambientales la posibilidad de tener agua barata y limpia. Recordemos que no se paga por el agua, sino por los servicios para atender su distribución.

Además, cada día se arrojan 370 mil metros cúbicos de aguas servidas al mar, agua que se puede fácilmente reciclar. De hecho, hay ejemplos de instituciones que deben manejar grandes áreas verdes y que se han ahorrado cientos de miles de soles usando aguas servidas recicladas. Esto se puede hacer en toda la costa y en todo el país, y el reciclar aguas es una necesidad urgente.

R: Todo esto nos lleva al tema de la educación ambiental. ¿Cómo debemos desarrollar esto?

AB: Los temas que hay que trabajar principalmente son los que siguen y en el orden que le digo. Primero, el agua. Hay 1 832 municipalidades en el Perú, de los cuales 1 827 arrojan sus aguas sucias al ambiente sin cuidado. Ocurre en Lima, en Trujillo –que las arroja por Huanchaco– y en muchas otras ciudades. Lo hacen las autoridades, ¡qué decir de la población!
Segundo, la disposición de residuos sólidos. Este es un país muy sucio donde no se ha planificado bien este tema y los residuos se arrojan al ambiente.

Tercero, los bosques y todo lo que hemos hablado antes.
Cuarto, la contaminación del aire en las ciudades, que es dramática. La absurda importación de autos usados promueve la contaminación por el uso de combustible diésel. Esta ha sido la medida más estúpida que pudo darse, la de permitir que se importen autos viejos que nadie quiere en sus países de origen.

Quinto, y lo digo en quinto lugar, las actividades mineras.

¿Cómo se debe educar? Utilizando los medios masivos de comunicación, el poder de convocatoria de los gobiernos locales, la educación formal pública y privada – trabajando mucho con los maestros– y todos los medios posibles. En ese sentido, el objetivo 6 del Proyecto Educativo Nacional, que se refiere a la sociedad educadora, debió ser más amplio.
Entre nosotros, hay que decirlo, existe un patriotismo hipócrita. Se saluda a la bandera, se habla de los héroes, pero nuestro suelo patrio no lo cuidamos. Pues bien, ese debe ser el objetivo patriótico de la educación ambiental.

R: El tema de la pesca es ejemplar en esto. Los niveles de contaminación por las fábricas de harina de pescado es muy grande y no existen sanciones reales ni control.
AB: La harina de pescado ha duplicado su precio y no se usan esos recursos para solucionar el problema de la contaminación del mar. Hay un proceso de reconversión de algunas empresas a la pesca de consumo humano, con la anchoveta, por ejemplo, que se usa para hacer anchoas enlatadas, de gran demanda. Con 4 toneladas de anchoveta se obtiene una tonelada de anchoas a cinco veces el precio que una tonelada de harina que usa la misma cantidad. Con los productos pesqueros para consumo humano se obtiene una mayor rentabilidad. Hay beneficios sociales, también, porque se ocupa mucha mano de obra y los pescadores artesanales ganan más. Hay mucho valor agregado en la industria pesquera para consumo humano, unas cinco veces más que con la harina de pescado.

Se ha depredado mucho el mar en la pesca de la anchoveta para harina. Los pescadores industriales están mirando cada vez más este asunto del consumo humano directo y esto es interesante. Las cinco millas desde la costa para los pescadores artesanales pueden, asimismo, mejorar sus ingresos con la pesca para consumo humano directo.