CIDH pide al Estado proteger a La Oroya ante contaminación causada por Doe Run

Por Edmundo Cruz (*).

Fotos: Arturo Pérez.

• Población minera respira 300 veces más dióxido de azufre del mínimo permitido por la Organización Mundial de la Salud.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, aprobó el viernes último, 31 de agosto, una severa solicitud. Acordó demandar al Estado peruano la adopción de "medidas cautelares de urgencia" para proteger la vida de los pobladores de La Oroya víctimas de la contaminación ambiental generada por el octogenario Complejo Metalúrgico ahora en propiedad de la minera norteamericana Doe Run.

La decisión de la CIDH es inapelable y la ejecución de las medidas, inmediata. Estas beneficiarán a toda la población de 30 mil habitantes de La Oroya que, probadamente, respira un aire contaminado de plomo, dióxido de azufre, arsénico y cadmio en proporciones varias veces superiores a los mínimos permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según han establecido estudios de la propia empresa, los más perjudicados con este envenenamiento son los niños menores de seis años.

Los beneficiarios inmediatos son 65 personas cuyos casos fueron presentados ante la CIDH con carácter de prueba. Ese número incluye más de 30 niños en estado de vulnerabilidad. El resto son personas mayores que sufren de graves problemas respiratorios. El nombre de todos ellos se mantiene en reserva hasta que se implementen las medidas.

Cómo empezó

La decisión de la CIDH responde a una denuncia planteada el 21 de noviembre del 2005 por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental representada por el abogado Carlos Chirinos Arrieta. Conjuntamente con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y Earthjustice (Justicia de la Tierra).

Los representantes de la población afectada señalaron la ausencia regulatoria del Estado peruano, frente a las graves violaciones de los derechos humanos que los pobladores de La Oroya sufren por la contaminación producida por Doe Run.

Desde entonces la CIDH solicitó información al gobierno peruano hasta en cuatro oportunidades. No hubo respuesta.

"Las medidas reiteran lo dicho por el Tribunal Constitucional de Perú, que consideró insuficientes las acciones de prevención y atención de la salud promovidas por el Estado", manifestó Astrid Puentes, directora legal de AIDA.

La CIDH ordena al Estado peruano brindar diagnóstico médico especializado para las personas afectadas por la contaminación de Doe Run.
Al mismo tiempo, solicita proveer tratamientos médicos especializados a cualquier individuo en situación de peligro de muerte o daño irreparable.

Carlos Chirinos, de la SPDA, aseguró: "Esperamos tener una coordinación fluida con las autoridades del Estado para garantizar la aplicación transparente y eficaz de estas medidas. El soporte de instituciones como la Defensoría del Pueblo y otras entidades es crucial", afirmó el abogado peruano.

Datos
REFINACIÓN. El Complejo Metalúrgico de La Oroya procesa 600,000 toneladas métricas de concentrados.
CONCENTRADOS. 450,000 toneladas son polimetálicos con contenidos de metales preciosos. Y 150,000 son concentrados de zinc.
METALES. Los concentrados producen 11 metales y 8 subproductos.
Los principales son plomo, zinc, cobre, plata y oro.

Responsabilidad del Estado
El Complejo Metalúrgico de La Oroya utiliza grandes hornos. Esto implica un problema medioambiental con las emanaciones de gases que contienen principalmente óxido de azufre, plomo, arsénico y cadmio, de efectos altamente tóxicos.
El complejo genera el 99. 7 por ciento de la emisión de contaminantes al aire. Las efectos de estos humos son el deterioro irreversible del sistema respiratorio; diferentes tipos de cáncer; daños en el sistema reproductivo y en el ciclo de desarrollo de las personas así como en sus órganos vitales.
El Estado peruano ha comprobado que más del 99% de los niños que viven cerca del complejo sufren de intoxicación por el plomo. Los efectos son cambios de conducta, trastornos en la actividad cerebral, agotamiento, etc. Igualmente perjudicadas son las madres gestantes.
El Estado ha incumplido las obligaciones de control de la actividad metalúrgica; de protección de la salud de las personas; y ha desacatado la sentencia del Tribunal Constitucional que exigía medidas de protección necesarias.
El Ministerio de Energía y Minas aprobó en parte la solicitud de Doe Run para ampliar el plazo de su Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA) hasta octubre del 2009. Este PAMA vencía a fines del 2006.