Lima, 09/01/2008 (CNR) --
La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, invitará al presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo, para que informe sobre la intervención del Estado en la demanda planteada en los Estados Unidos contra la empresa Doe Run por la contaminación ambiental producida por sus operaciones en La Oroya (Junín).
Gloria Ramos, titular del referido grupo de trabajo parlamentario, detalló que Del Castillo asistirá este jueves 10 para informar sobre una carta cursada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Departamento de Estado norteamericano, a propósito de un litigio planteado en ese país por dos religiosas contra la empresa Doe Run Resources Corporation, en representación de 137 niños de La Oroya afectados por contaminación.
En la sesión informativa, celebrada el último martes, expusieron los especialistas en derecho ambiental Iván Lanegra, Ana Leiva y Eliana Ames. Ellos mostraron su extrañeza por la intervención del Estado en una demanda de derecho privado. Esa misma opinión expresó, en carta dirigida a la comisión, el ex defensor del Pueblo, Walter Albán.
Ramos Prudencio dijo que se recogerá la opinión de diversos sectores como la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, la Cancillería y de la PCM para determinar la contienda de competencia sobre esa demanda que afecta a la población de La Oroya.
A fines de diciembre pasado, la compañía minera Doe Run fue denunciada ante un tribunal del estado de Missouri (Estadps Unidos) por su responsabilidad en la contaminación de plomo de 137 niños que viven en La Oroya, donde la empresa opera una planta metalúrgica.
La demanda fue presentada por dos religiosas estadounidenses, quienes son representadas por el estudio jurídico Slichter Bogart Denton, y se sustenta en un estudio realizado el 2005 por la Universidad de Saint Louis, que reveló que la mayoría de los niños de seis años de edad superan en promedio los 40 microgramos de plomo por decilitro de sangre, cuatro veces más de lo que establece como límite la Organización Mundial de la Salud.
Hasta la quincena de febrero, la Corte de Missouri tiene plazo para determinar si el caso debe ventilarse en su jurisdicción o en el Perú.
La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, invitará al presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo, para que informe sobre la intervención del Estado en la demanda planteada en los Estados Unidos contra la empresa Doe Run por la contaminación ambiental producida por sus operaciones en La Oroya (Junín).
Gloria Ramos, titular del referido grupo de trabajo parlamentario, detalló que Del Castillo asistirá este jueves 10 para informar sobre una carta cursada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Departamento de Estado norteamericano, a propósito de un litigio planteado en ese país por dos religiosas contra la empresa Doe Run Resources Corporation, en representación de 137 niños de La Oroya afectados por contaminación.
En la sesión informativa, celebrada el último martes, expusieron los especialistas en derecho ambiental Iván Lanegra, Ana Leiva y Eliana Ames. Ellos mostraron su extrañeza por la intervención del Estado en una demanda de derecho privado. Esa misma opinión expresó, en carta dirigida a la comisión, el ex defensor del Pueblo, Walter Albán.
Ramos Prudencio dijo que se recogerá la opinión de diversos sectores como la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, la Cancillería y de la PCM para determinar la contienda de competencia sobre esa demanda que afecta a la población de La Oroya.
A fines de diciembre pasado, la compañía minera Doe Run fue denunciada ante un tribunal del estado de Missouri (Estadps Unidos) por su responsabilidad en la contaminación de plomo de 137 niños que viven en La Oroya, donde la empresa opera una planta metalúrgica.
La demanda fue presentada por dos religiosas estadounidenses, quienes son representadas por el estudio jurídico Slichter Bogart Denton, y se sustenta en un estudio realizado el 2005 por la Universidad de Saint Louis, que reveló que la mayoría de los niños de seis años de edad superan en promedio los 40 microgramos de plomo por decilitro de sangre, cuatro veces más de lo que establece como límite la Organización Mundial de la Salud.
Hasta la quincena de febrero, la Corte de Missouri tiene plazo para determinar si el caso debe ventilarse en su jurisdicción o en el Perú.
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