PREMIER EXPLICÓ QUE GOBIERNO PERUANO DEFIENDE SOBERANÍA EN CASO DOE RUN

Edición Nº 220 - Enero 2008

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por: Mirian Castillo / El Informante

Lima, 11 Enero 2008.- La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, que preside la congresista Gloria Ramos Prudencio (NUPP), cuestionó la intervención del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, en el caso de la demanda presentada en Estados Unidos contra la empresa Doe Run Resources Corporation por contaminar a la población infantil de La Oroya, en Junín.

En la sesión extraordinaria celebrada el jueves 10 por ese grupo legislativo, el titular de la PCM explicó que la carta que envió al embajador de EEUU en nuestro país, se limitó únicamente a reclamar la soberanía de los tribunales peruanos para ventilar dicha denuncia, por tratarse de una empresa constituida y que opera en nuestro país, y porque afecta a personas nacidas y residentes en el Perú.

Del Castillo Gálvez explicó que no se podía aceptar la intromisión de jueces extranjeros en hechos ocurridos en el Perú, que atañen a empresas y personas que operan en el país y que afectan a connacionales.

Aclaró que la empresa denunciada en Missouri no es la misma que opera en nuestro país, ya que Doe Run se constituyó en el Perú y tiene su sede aquí.

Afirmó, además, que su decisión tuvo como marco la inminencia de la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC), y que la demanda en Missouri podría haber trabado su aprobación por el Senado norteamericano, además de, eventualmente, convertirse en un precedente perturbador a la inversión extranjera.

Recordó, asimismo, lo mucho que había costado a los gobiernos de Alejandro Toledo y de Alan García solucionar una veintena de controversias que se ventilaban en los tribunales peruanos y que involucraban a empresas estadounidenses, con la finalidad de “limpiar el camino” para la suscripción del TLC.

No obstante sus explicaciones, los congresistas Isaac Mekler Neiman (GPN) y Gloria Ramos, así como María Sumire de Conde y Martha Acosta Zárate (GPN), entre otros, cuestionaron que el premier interviniera en el caso de motu proprio, sin esperar que fueran los propios abogados de la empresa quienes lo hicieran.

Para la presidenta de la Comisión, el caso era grave porque involucraba a la empresa minera que más contamina en el Perú, que había logrado que se ampliara la aplicación del PAMA (Programa de Adecuación al Medio Ambiente) por tres años, que apela en los tribunales las sanciones que se aplican, ni ha pagado 210 UIT (235 mil soles) por multas que ha recibido, sin que el Estado, la PCM ni OSINERMING tomen alguna medida sobre el particular.

Ramos Prudencio anunció que el premier volverá a ser citado, al igual que los titulares de Osinerming, CONAM y DIGESA, para que expliquen la situación de Doe Run, tema que no pudo ser tratado en la sesión de la fecha por no ser tema de su convocatoria.

Por su parte, los congresista Ricardo Pando Córdova (GPF) y José Vargas Fernández (PAP) respaldaron las explicaciones del primer ministro, afirmando que, por el contrario, debiera ser felicitado por defender la soberanía de nuestro país.

Al inicio de la sesión se dio lectura a la carta enviada el pasado 31 de octubre por el titular de la PCM al embajador Michael McKinley, en la que solicitaba la intervención del Departamento de Estado de ese país para que la corte de San Luis, capital del estado de Missouri, se inhibiera de conocer la denuncia contra Doe Run.

La demanda fue presentada el 4 de octubre por dos abogados de Miami en San Luis, donde se encuentra la sede central de la empresa, a través de dos ciudadanas del lugar, en representación de 137 niños menores de diez años contaminados por las emanaciones de la minera en la zona donde opera, y que presentan en su sangre partículas de plomo y cadmio a niveles superiores a los permisibles.

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