martes, 8 de enero de 2008

Denuncian que Gobierno Peruano intercede a favor de Doe Run en EEUU







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Lima, 29 dic. El Bloque Junín, conformado por los cinco representantes por este departamento en el Congreso de la República, invitará al presidente del Consejo de Ministros para que explique las razones por las cuales el gobierno peruano busca evitar que prospere en Estados Unidos una denuncia presentada contra la minera Doe Run por contaminar a la población infantil de La Oroya, en el departamento de Junín.

El anuncio lo hizo la coordinadora de ese grupo legislativo, Martha Acosta Zárate (GPN), luego de que se diera lectura a la carta enviada el pasado 31 de octubre por el titular de la PCM, Jorge del Castillo, al embajador de Estados Unidos en el Perú, Michael McKinley, en la que solicita la intervención del Departamento de Estado de ese país para que la corte de San Luis, capital del estado de Missouri, se inhiba de conocer la denuncia contra Doe Run.

La demanda fue presentada el 4 de octubre por dos abogados de Miami en San Luis, donde se encuentra la sede central de la empresa, a través de dos ciudadanas del lugar, en representación, inicialmente, de 137 niños menores de diez años, contaminados por las emanaciones de la minera en la zona donde opera, los mismos que presentan plomo y cadmio en su sangre a niveles seis veces superiores a la de los niños norteamericano.

Así mismo, presentan niveles de antimonio treinta veces más que la población infantil estadounidense, conforme lo han demostrado estudios realizados por la Universidad de San Luis, en coordinación con el gobierno regional de Junín, en el año 2005.

Los abogados norteamericanos alegan en su demanda que en el Perú no existen las garantías para un buen proceso contra la minera y que el sistema judicial peruano no contiene normas que permitan amparar y garantizar el derecho de los niños afectados.

Sin embargo, el premier Del Castillo Gálvez, “en representación del Gobierno y Estado peruanos”, apelando a razones de soberanía jurisdiccional, sostiene que le corresponde a nuestro país estudiar la demanda, por cuanto el operador (Doe Run) se constituyó y opera en el Perú, los niños tienen nacionalidad peruana y residen permanentemente en el país, y que los hechos están tipificados en nuestra legislación.

Añade que, si llegase a prosperar, la demanda en Missouri podría convertirse en un “precedente perturbador” a la inversión extranjera, y se afectaría la soberanía peruana.

La carta del premier motivó el rechazo inicial de la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Gloria Ramos Prudencio (NUPP), quien lamentó que el primer ministro haya optado por abogar a favor de la minera norteamericana y no contemplado la defensa de los niños de La Oroya.

Al gesto se sumó su colega Acosta Zárate, quien dijo que invitará al premier a la próxima reunión del Bloque Junín, a realizarse el próximo lunes 7 de enero, para analizar la situación.

Los detalles sobre el tema están contenidos en el informe escrito elaborado por el estudio de abogados Mohanna, Rossell y Asociados, y que fuera leído en la sesión.

Proyectos de irrigación

La reunión del subgrupo parlamentario fue convocada también para recibir informes sobre el estado en que se encuentran los proyectos para construir cuatro represas en los valles de Sapallanga, Molinos, Cunas y Shulcas, en la región Junín, elaborados por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y destinados a irrigar más de 19 mil hectáreas de tierras agrícolas de esa jurisdicción.

El más avanzado de los proyectos es el de la presa de Yanacocha, para el valle de Cunas, cuya licitación sería convocada dentro de diez meses, para incluirlo en el presupuesto de inversiones del gobierno regional de Junín para el año 2009. Esta presa permitiría irrigar 15 mil hectáreas.

El proyecto de irrigación de Sapallanga, que comprende la presa Milpopampa, se encuentra a nivel de revisión del perfil de la obra; el proyecto Molinos y la presa Queros, el más atrasado, está para ser aprobado por el gobierno regional; en tanto que para febrero próximo se tiene programado concluir el perfil del proyecto Shulcas.

Estos tres últimos proyectos permitirían irrigar 4,100 hectáreas en su conjunto.

Los informes fueron proporcionados por los ingenieros Eduardo Gonzales Otoya, jefe de Proyectos de Afianzamiento Hídrico del Inrena, y Max Camarena Huayanay, jefe de la Oficina de Planificación e Inversión (OPI) del gobierno regional de Junín.

Noticia enviado por regional el 29/12/07 - 06:27 AM

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